Banco Nacional de Datos Genéticos. Las huellas del pasado

La desfinanciación del Banco Nacional de Datos Genéticos puede ser un intento del Gobierno nacional de reescribir el pasado, o bien un manifiesto desdén por lo que este significa. Tanto una como otra alternativa no disimulan el dato central: que a la hora de elaborar la lista de lo prescindible, casi todo puede serlo; incluso las personas.

La reciente resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien dictó una medida cautelar interina para que se garantizara el funcionamiento de la repartición, ratifica que en nuestro país no funciona lo que no se judicializa, y aun así ni siquiera las decisiones de la Justicia garantizan el normal orden de las cosas.

El magistrado debió intervenir ante un requerimiento del Banco de Datos Genéticos por la eventual parálisis del organismo derivada del recorte presupuestario que se le imponía, por lo que resultaba imposible garantizar no sólo su funcionamiento, sino las tareas de mantenimiento más elementales.

Aun cuando la función del Banco no sea de las que trascienden a la opinión pública, la búsqueda de los niños apropiados durante la última dictadura militar ha sido la tarea que impecablemente desempeñó el organismo a partir de la recolección de pruebas genéticas. En numerosos casos, estas permitieron que quienes deseaban clarificar sus orígenes e historia personal se revincularan con sus ancestros desaparecidos.

Puede que para muchos esta tarea no signifique demasiado, y poderosas razones ideológicas llevan a no pocos a minusvalorarlas, impulsados quizá por la imposibilidad de ponerse en la piel de las víctimas. Pero la reducción del presupuesto –por cierto, nada ostentoso– a menos de la mitad revela la siempre peligrosa mezcla de indiferencia e ignorancia que suele caracterizar a la presente administración. Sin obviar que se insiste en seguir recortando donde más duele, menospreciando a minorías diversas.

La decisión del juez Ramos Padilla ha venido a poner circunstancialmente las cosas en su lugar, al ordenar a la jefatura de Gabinete que atendiera el reclamo presupuestario, lo cual derivó en un giro de poco más de $ 500 millones.

Pero lo preocupante en esta y en otras cuestiones es la obligación no escrita de recurrir a la Justicia para todo, lo que impone, a unos, angustiosos trámites y esperas; y a otros, la obligación de ocuparse de cuestiones diversas que deberían estar fuera de toda forma de discusión tribunalicia.

Sean las que fueren las razones que impulsan este tipo de resoluciones del Poder Ejecutivo, se impone la necesidad de reclamar una cuota de racionalidad en momentos en que nuestra sociedad padece tensiones y formas de violencia que van desde el desdén hasta el agravio sistemático.

Y, sobre todo, que quienes toman esta clase de decisiones tengan la honestidad intelectual de poner en perspectiva lo que significa para no pocos argentinos la existencia de un banco de datos genéticos, un motivo de orgullo para un país que no siempre se hace cargo de su pasado.