Editorial Educar en la era digital: prohibir no alcanza
Un informe de la Unesco sobre el uso de celulares en las aulas expone las limitaciones de las prohibiciones aisladas y requiere nuevas estrategias pedagógicas.
La expansión de los teléfonos inteligentes modificó hábitos, formas de atención, vínculos sociales y modos de acceso al conocimiento.
En ese contexto, la Unesco presentó un informe sobre el uso de celulares en las aulas de América latina, que aporta una conclusión incómoda para gobiernos y sistemas educativos: prohibir el celular no resuelve, por sí solo, los problemas de aprendizaje ni los efectos negativos asociados al uso de pantallas.
El estudio muestra un avance veloz de las regulaciones en distintos países. Hace menos de un año, apenas uno de cada cuatro países imponía restricciones al uso de celulares en las escuelas.
Hoy, esa cifra alcanza al 52 por ciento. La tendencia existe en todo el mundo, aunque en América Latina predominan las limitaciones parciales antes que las prohibiciones absolutas que aparecen en países europeos.
La razón es que en gran parte de la región, el celular constituye el único dispositivo digital disponible dentro del aula. Muchas escuelas carecen de computadoras, tablets o infraestructura tecnológica suficiente.
El caso de Mendoza, citado por el informe, expone esa contradicción: la provincia avanzó con una prohibición, pero tuvo que retroceder poco después ante la evidencia de que numerosos establecimientos no contaban con otra herramienta para sostener actividades digitales.
El informe recoge preocupaciones legítimas. Organismos de salud y asociaciones de pediatría advierten sobre problemas de concentración, alteraciones del sueño, trastornos emocionales, ansiedad y baja autoestima vinculados al uso excesivo de pantallas.
También aparece el temor frente al ciberbullying y al impacto de las redes sociales sobre adolescentes y niños. Además, docentes describen aulas atravesadas por interrupciones constantes y dificultades crecientes para captar la atención de los estudiantes.
Sin embargo, la Unesco plantea que sacar el celular del aula no elimina esos riesgos. Apenas los desplaza hacia otros ámbitos donde los jóvenes permanecen expuestos, aunque sin herramientas para comprender el funcionamiento de las plataformas, detectar noticias falsas, proteger datos personales o reconocer mecanismos de manipulación digital.
Allí aparece el concepto de ciudadanía digital. El desafío consiste en formar estudiantes capaces de ejercer pensamiento crítico en entornos digitales.
Esa tarea exige enseñar cómo operan los algoritmos, cómo circula la desinformación y cómo se construyen las dinámicas de hostigamiento en redes sociales.
Resulta tentador ofrecer respuestas rápidas ante la preocupación social. La prohibición absoluta transmite una imagen de autoridad y control que puede generar aprobación mediática. El riesgo consiste en transformar una cuestión profunda en un gesto político de corto alcance.
Las autoridades educativas tienen la obligación de regular el uso de celulares, promover la formación docente, la inversión tecnológica y estrategias pedagógicas nuevas.
También requiere diálogo con las familias, que muchas veces entregan dispositivos a niños y adolescentes sin acompañamiento ni límites consistentes.
Hace falta una política pública seria, sostenida y capaz de resistir presiones coyunturales. Eso exige asumir costos políticos, discutir prioridades presupuestarias y aceptar que los resultados no aparecerán de inmediato.
