Salud. La discapacidad, a merced de los ajustes

La atención a la discapacidad ha quedado otra vez cruzada por las políticas desreguladoras de todo orden que impulsa la administración Milei desde su acceso a la Casa Rosada, en diciembre de 2023.

Poco o nada parece quedar al margen de las innovaciones operadas en la órbita pública nacional, en el marco de una extrema reducción de gastos en aras del proclamado déficit cero.

En ese entramado, el tema de la discapacidad estuvo siempre en el ojo de un monitoreo riguroso que viene repercutiendo en la asistencia reglada por ley a las personas con cierto grado de invalidez, entre las que se cuentan aquellas dolencias originadas y probadas en las distintas ramas del trabajo.

El novedoso capítulo de preocupación se sustenta en el proyecto de ley elevado al Congreso Nacional tendiente a eliminar el nomenclador nacional de prestaciones en discapacidad.

En concreto, y de ser aprobado, desregularía aranceles y financiamientos en perjuicio de miles de pacientes, incluidos los de menores recursos económicos.

La citada baja del nomenclador no sólo pondría en peligro la equidad en el acceso a las terapias de un servicio de alta sensibilidad humanitaria, sino que todo el sistema quedaría a merced de la “oferta y la demanda”. Es decir, de un convenio al margen del Estado y con acuerdos cifrados con obras sociales y prepagas.

Como advirtió días atrás la abogada Marta Lastra en diálogo con La Voz en Vivo, la iniciativa oficial traería graves consecuencias para la continuidad de los tratamientos. Es de augurar que la eliminación del piso de garantía de una atención ambulatoria pondría a miles de discapacitados bajo el peso de la oferta y la demanda, generando una inequidad brutal.

En la actualidad, el valor de referencia orilla los $ 18 mil, pero, con la eliminación del catálogo, las obras sociales y las prepagas tendrán la potestad de decidir sobre costos y coberturas.

Esto es: igualar para abajo. La abogada Lastra razona que en estas condiciones de exigencias y fuga del Estado se podría caer en el extremo de que en Argentina haya discapacitados de primera y de segunda; un golpe certero al principio de equidad y de universalidad.

A todo esto se añade la ruptura en la cadena de pagos que, en discapacidad y en otros servicios de salud, tiene como actor central al Pami, la obra social de jubilados y pensionados. Sin omitir los cortes de beneficios que, según comentó la abogada, se dispusieron desde el programa Incluir Salud.

Malas noticias para un servicio que viene enredado en presuntos hechos de corrupción desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que siguen su paso cansino en la Justicia, con empinados funcionarios libertarios bajo la lupa.

Demasiadas complicaciones que no sólo se resolverán con el afán desregulatorio.