Jubilaciones. La dignidad de los jubilados, siempre postergada
El Congreso Nacional y la dirigencia política siguen postergando la búsqueda de una solución integral al sistema previsional, que implique lograr haberes dignos para los pasivos.
Los legisladores nacionales parecen haber adelantado el calendario electoral y toda decisión se mide hoy en relación con la lejana elección presidencial de 2027, lo que supone postergar, entre otras urgencias, la dignificación de las jubilaciones.
La estadística muestra el deterioro permanente que sufren jubilaciones y pensiones nacionales frente a cualquier indicador, sea este la inflación, el poder de compra o la capacidad de adquirir medicamentos y acceder a la atención de la salud, entre otros.
Un reciente informe da cuenta de que jubilados que cobran el haber mínimo más un bono de compensación de $ 70 mil desde febrero de 2024, tuvieron una pérdida de 10,3% frente a la suba de los precios.
El dato supone una delicada situación social para unos cinco millones de pasivos que cobran el haber mínimo, los cuales representan a casi dos de cada tres beneficiarios del sistema previsional.
La situación es algo más holgada para quienes superan los tres haberes mínimos, ya que estos tuvieron una mejora real de 7,8%.
La coyuntura que atraviesa el sector pasivo no mejorará de manera sustancial mientras no se produzcan cambios de fondo en el sistema.
El régimen previsional necesita, en primer lugar, una mayor cantidad de aportantes para salir del actual esquema de algo más de un trabajador registrado por cada beneficiario.
Pese a sus intenciones, la Ley de Modernización Laboral no produjo hasta ahora una incorporación masiva de aportantes, dadas las idas y vueltas de la Justicia laboral respecto de la constitucionalidad de la norma.
Los jueces del fuero aparecen más atentos a los reclamos de los litigantes laboralistas que a la actualización del mundo laboral.
Una modificación de fondo requerirá evaluar también la edad de acceso a los beneficios, cambio que ya se produjo en diferentes países.
Si bien esta modificación es una de las más resistidas, la realidad de la extensión de la edad laboral torna necesario este debate.
Asimismo, los regímenes especiales deben ser revisados en función de las transformaciones operadas por la tecnología y las nuevas modalidades de contratación, ya que aquellos fueron instaurados hace más de 40 años.
El listado de cambios es más extenso, pero la actual fragilidad del régimen vigente torna necesario comenzar en forma inmediata con la discusión de los aspectos mencionados.
El abordaje debería dejar de lado cualquier especulación partidaria, con el objetivo de lograr una mejora en la calidad de vida de más de siete millones de jubilados y pensionados.
Esta urgencia, al igual que la imprescindible reforma impositiva para dar competitividad a la producción industrial, y la legislación para el uso de la tecnología no deben estar sujetas a especulaciones mezquinas.
La mejora de la calidad de vida es uno de los derechos humanos modernos, que reclama una urgente observancia por autoridades y legisladores.
