Editorial Una deuda que la democracia no debe abandonar

La confirmación de la identidad de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar marca uno de los hechos más relevantes de los últimos años en Córdoba en materia de derechos humanos.

El anuncio realizado por el Juzgado Federal N° 3 no sólo aporta datos concretos sobre víctimas del terrorismo de Estado. También devuelve nombres, historias y vínculos familiares que el horror intentó borrar para siempre.

Los restos fueron hallados en el sector denominado “Loma del Torito”, en inmediaciones del ex centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales engranajes represivos del país.

Se trata del segundo grupo de personas identificadas a partir de las tareas iniciadas en 2025. Antes, en marzo, ya se había informado otra tanda de identificaciones.

Cada uno de estos anuncios representa un acto de reparación para familias que atravesaron casi cinco décadas de incertidumbre, dolor y espera.

Detrás de este avance, existe un trabajo científico y humano de enorme valor. El Equipo Argentino de Antropología Forense construyó, desde el regreso de la democracia, una trayectoria reconocida en todo el mundo. Su tarea exige precisión técnica, paciencia y una enorme responsabilidad ética.

Las excavaciones, el análisis de restos óseos, los estudios antropológicos y las pruebas de ADN conforman un proceso complejo que requiere años de investigación y contraste de datos.

El propio juez Vaca Narvaja destacó el rigor del procedimiento y el compromiso asumido con cada familia.

Durante muchos años, los familiares escucharon frases crueles que pretendían clausurar cualquier reclamo.

Esa lógica buscó garantizar silencio y olvido. Sin embargo, la persistencia de organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes y equipos científicos permitió quebrar esa oscuridad.

Estos hallazgos no deben entenderse como el cierre de una etapa, sino como un llamado a profundizar la búsqueda de justicia y verdad histórica.

Aún existen cientos de familias que desconocen el destino final de sus seres queridos. También subsisten sectores que relativizan el terrorismo de Estado o intentan reducir el alcance de los crímenes cometidos durante la dictadura. Frente a esas posiciones, cada identificación constituye una prueba material irrefutable.

Argentina construyó parte de su prestigio democrático sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Ese consenso no puede debilitarse.

La memoria colectiva no responde a una consigna partidaria ni a una mirada del pasado encerrada en la nostalgia. Representa una condición indispensable para pensar el futuro del país sobre bases democráticas, con respeto por los derechos humanos y con instituciones capaces de rechazar cualquier forma de violencia estatal.

La aparición de nuevos nombres en La Perla demuestra que todavía existen respuestas por encontrar.

También confirma que la verdad puede abrirse paso, incluso después de décadas de silencio. Se debe mantener viva la memoria para sostener ese camino con decisión, ya que una sociedad que conoce su historia cuenta con más herramientas para impedir que el horror vuelva a repetirse.