Editorial. El destrato estatal a la discapacidad

La atención integral a las personas con discapacidad en la Argentina se deterioró en los últimos meses como resultado de la voracidad del Gobierno nacional por ajustar en cuanta actividad sea posible, en aras de mantener a raya las cuentas públicas.

Se podría inferir: el destrato, aun pasando por encima de las leyes que rigen la cobertura estatal indeclinable a la discapacidad.

Un desatino que compromete el futuro de varios centros de atención que no sólo deben lidiar con los ajustes presupuestarios de todo orden, sino también con las recurrentes demoras en los pagos de la obra social Pami y del programa federal Incluir Salud.

A ello se agrega que el sistema estuvo envuelto en sospechas de corrupción por presuntos pagos direccionados de medicamentos de alto costo y el cobro de coimas a droguerías, lo que detonó un escándalo aún sin dirimir en el seno del Gobierno libertario, con el exdirector de la disuelta Agencia de Discapacidad Diego Spagnuolo procesado por graves cargos.

Todo un entramado en perjuicio de miles de personas que dependen de la asistencia estatal para sobrellevar sus impedimentos.

En la provincia de Córdoba, los centros privados prestadores de discapacidad vienen alertando que están al borde del colapso. Alegan que al problema del desfinanciamiento por la desactualización de aranceles se suman las reiteradas demoras de pagos del Pami.

En relación a este gigantesco organismo, el malestar por mora incluye a farmacias y clínicas privadas. Aducen que la obra social nacional hace pagos desdoblados y que las deudas en las facturas orillan los cuatro meses.

Para más datos, a los centros de discapacidad que reclaman en Córdoba se les suma el problema financiero para honrar los honorarios de los profesionales. Son, en su mayoría, fuentes de ingresos de orden nacional que, como dimos cuenta días atrás, mantienen en grado de preocupación a las instituciones.

Para graficar un diagnóstico complejo, Christian Combina, miembro del Establecimiento Privado de Asistencia y Rehabilitación Villa Bustos, de Santa María de Punilla, sostuvo que a algunas instituciones no les pagan desde octubre y que por ahora no hay signos ciertos de que el panorama mejore.

Nada parece encaminarse, al extremo de que los institutos de atención alertan sobre posibles cierres. Otro golpe para un sistema de salud que cruje desde hace décadas.

A todo esto, la Casa Rosada insiste en desconocer la ley de financiamiento en discapacidad que fue sancionada el año pasado por el Congreso nacional y luego vetada por el presidente Javier Milei.

Pese a que el veto no prosperó, ahora Milei y sus espadas del ajuste insisten con podar fondos para la discapacidad mediante otros proyectos enfocados en el déficit cero. No hay misterios: más condiciones de pago del Pami y menos partidas destinadas a variados rubros.

La salud pública y la privada atraviesan una crisis que no soporta nuevos recortes. Es un derecho consagrado que el Estado no debe ignorar, más aún cuando implica a personas que sobrellevan algún grado de discapacidad.