Sistema previsional. El desafío de ordenar las jubilaciones provinciales

El régimen que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) posee menos de dos aportantes por cada jubilado o pensionado.

El esquema se agrava porque al menos dos de cada tres beneficiarios no realizó 30 años de aportes, los cuales se consideran necesarios para sostener el sistema de reparto vigente.

El Gobierno nacional decidió en la práctica postergar el debate sobre los cambios profundos que demanda el sistema, para evitar un costo político ante una carrera electoral ya lanzada para 2027.

Las condiciones de los casi ocho millones de beneficiarios tenderán, entonces, a agravarse, dados los insuficientes haberes y actualizaciones, que no proporcionan una existencia digna.

El panorama tiende a empeorar porque la Anses debe sostener también con sus aportes a las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron traspasadas cuando se crearon las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) en 1994.

Estas cajas deberían recibir mensualmente fondos de la Anses para equilibrar los desfases que se producen entre lo que recaudan y lo que abonan.

La administración de Javier Milei decidió suspender tales envíos, salvo acuerdos parciales, como el que logró Córdoba, que también registró varios meses de incumplimiento.

Un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) reveló que los gastos de las 13 cajas previsionales se incrementaron 87% en promedio por encima de la inflación del período 2005-2024.

El “mejor comportamiento” de este desfase, que compromete seriamente la viabilidad financiera de esos organismos, corresponde a Córdoba, con una suba de 24% sobre los precios del período mencionado.

La caja de La Pampa registró un aumento exorbitante de 218% del gasto previsional, mientras que le siguieron, con incrementos en torno del 160%, las de Misiones, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El análisis de Idesa no especifica si estas subas se produjeron por un fuerte aumento en el número de beneficiarios o por los incrementos salariales de los activos, que impactaron en los jubilados provinciales.

Las presuntas responsabilidades de las administraciones que se sucedieron en las 13 provincias durante esas dos décadas deberán ser afrontadas, en algún momento, por la totalidad de los argentinos.

De tal modo, los beneficiarios de Anses deberán costear en forma indirecta los desajustes provocados en las cajas provinciales.

El sistema de jubilaciones y pensiones de Argentina debe avanzar hacia una unificación de criterios a la hora de otorgar los beneficios, para evitar privilegios regionales o de una u otra profesión, en función del sistema al que aportan los activos.

La unificación de criterios debería alcanzar también a las cajas profesionales, gran parte de las cuales abonan haberes insignificantes, además de los diversos problemas financieros que atraviesan.

Es lamentable que el tiempo electoral logre detener en Argentina decisiones sobre cuestiones estructurales que agregan costos a la actividad cotidiana, a la par que desmejoran la calidad de vida de los beneficiarios.