Finaciamiento universitario La defensa de las universidades públicas

Las masivas marchas que reclamaron una vez más por el financiamiento educativo dispuesto por una ley votada en el Congreso de la Nación no deberían ser consideradas como un simple episodio más de las históricas divisiones entre argentinos.

Abocados a una confrontación que no pocos prefieren profundizar antes que atenuar, el debate sobre el financiamiento educativo trasciende las fronteras de lo económico para ingresar en el terreno siempre áspero de lo ideológico. De un lado, quienes se resisten a cualquier forma de control; del otro, quienes entienden que la educación pública –tal como la hemos conocido por un siglo y medio– no es prioritaria o, peor, es un gasto innecesario que los particulares deberían afrontar en función de sus propios recursos.

En ese marco, no es un dato menor la pulseada entre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, y la clara decisión del primero de ellos de entender la actividad legislativa como un simple apéndice de las decisiones que se piensan a nivel del Gobierno.

Hasta la infausta noche de los bastones largos –28 de junio de 1966–, cuando la dictadura de Juan Carlos Onganía intervino las universidades, la educación pública argentina había sido el más aceitado mecanismo igualitario de ascenso social, significado que hoy perdura pese a claras señales de burocratización y lenta asimilación de estándares mejorados y la clara necesidad de una mayor eficiencia.

Pero la discusión subyacente en ese punto debería darse en el marco de un amplio debate nacional a la luz de los requerimientos propios del mundo contemporáneo y con el Estado como árbitro de dichas discusiones. Y no es eso lo que ocurre.

Se puede operar sobre las cosas con bisturí o con un martillo, y ya se sabe que los resultados serían en ambos casos muy diferentes. No ver la diferencia deja en evidencia que la educación no es una prioridad para la Nación, como tampoco parece serlo la salud pública.

En ese marco, urge que se cumpla la ley y que se pronuncie de una vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado que no está en juego un asunto circunstancial sino el futuro de generaciones de argentinos que ven cómo el país construido por sus abuelos se va extinguiendo.

Y si el asunto pasa por la transparencia en la ejecución presupuestaria, debe recordarse que los mecanismos de contralor existen, y si no se están cumpliendo es porque ni el Ejecutivo ni el Congreso están asumiendo las responsabilidades que les fija la ley.

Nada más poderoso que el reclamo en las calles de padres y madres con sus niños, para exigir una cuota de normalidad. El mensaje es claro y contundente; ahora es el momento de que las autoridades nacionales lo escuchen.