Reforma política. Un debate que no debe eludirse

El Gobierno nacional decidió abrir el debate para una reforma integral que incluye cambios en la ley orgánica de partidos políticos y sus normas de financiamiento y en el Código Electoral Nacional.

La iniciativa se encuentra ahora a disposición del Senado y de seguro impactará en el debate público porque, en caso de ser sancionados por las dos cámaras del Congreso, los cambios propuestos serán la plataforma normativa vigente para la próxima elección presidencial.

A diferencia de otras reformas anteriores, el proyecto integra de manera más nítida las tres vertientes insoslayables que le dan operatividad y sustento al sistema de representación política: el régimen electoral, la organización de los partidos políticos y su financiamiento.

Las últimas reformas parciales al régimen electoral –como la disposición de la boleta única de papel para la emisión del sufragio– demostraron que el legislador acertó al admitir mejoras cuando estas privilegian la participación ciudadana y la transparencia electoral, con el fin de fortalecer el principio de soberanía popular.

Con ese norte, será tarea de los legisladores analizar de ahora en más los cambios propuestos. Hay algunos, como el referido a "ficha limpia", que ya fueron debatidos en el Congreso con niveles de consenso creciente y que ahora, al ser incluidos como requisitos del régimen electoral, se inscriben en su marco normativo más adecuado.

La derogación de las primarias abiertas y simultáneas de voto obligatorio es un tópico de debate que no debe ser eludido. El régimen vigente desde 2009 ha tenido a esta altura del proceso político un trayecto que permite una evaluación objetiva.

El tiempo y la experiencia transcurridos desde entonces habilitan el balance entre aquello que las Paso prometieron obtener como avance de bien público y lo que la sociedad efectivamente obtuvo tras su instrumentación.

Por otra parte, ningún régimen electoral será equitativo y neutral si se lo aísla de las normas sobre organización y financiamiento de los partidos políticos.

Los umbrales mínimos para la admisión representativa merecen ser revisados para encontrar los equilibrios necesarios entre dos tensiones opuestas: la de una concentración política hegemónica, incompatible con la pluralidad democrática, o la de una fragmentación excesiva que obtura la unidad y la eficiencia del sistema político.

Asimismo, es de una relevancia de primer orden la consideración del régimen de financiamiento de los partidos y las campañas políticas.

En este caso, el equilibrio ideal por debatir es de más ardua concreción, porque también existen dos objetivos en tensión. Si el Estado asume un rol invasivo, los administradores de los gobiernos de turno cuentan con una ventaja incontrastable para la construcción partidaria de mayorías afines.

Si el Estado se abstrae por completo de su responsabilidad de arbitraje, esa ventaja puede trasladarse a una puja inorgánica de facciones corporativas.