Justicia de Córdoba. Atender los derechos de las víctimas

Enfocados en la problemática criminal, es habitual que se pasen por alto los derechos de las víctimas a ser escuchadas durante todo el proceso judicial.

Si bien en los fueros provincial y federal existen programas de protección a las personas que resultaron vulneradas en su integridad por un delito (por caso, violencia familiar y de género), estas tienen vedada su participación directa en resoluciones de trascendencia que hasta ahora competen al juez instructor de una causa.

Delitos que, en casos de muerte, suman en el contexto de dolor a los familiares de la persona asesinada. De tal forma, pasan a ser también víctimas de la violencia, a menudo de características urbana o intrafamiliar.

Por ello es importante el proyecto de ley enviado a la Legislatura por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que propugna la legitimidad de las víctimas para que sean escuchadas y tenidas en cuenta en procesos.

La iniciativa prevé cambios al Código Procesal Penal de la Provincia, de modo de hacer valer la injerencia de los damnificados, no sólo en grado de querellantes, sino también para ser escuchados sobre la decisión de promover un juicio abreviado o sobre el beneficio de prisión domiciliaria que se pretenda otorgar a un victimario.

La ley tomará el nombre de “Joaquín”, en evocación a Joaquín Sperani, adolescente asesinado en junio de 2023 por un compañero de escuela de 13 años en la ciudad de Laboulaye, al sudeste de la provincia.

La madre y el padre del adolescente ultimado elevaron quejas por los obstáculos que tuvieron que enfrentar en medio del dolor, como la negativa a ser querellantes, con el argumento de que el homicida es menor de edad.

La mencionada normativa modifica esos y otros aspectos. Como dijo a La Voz el ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, “se busca saldar una deuda y dar respuesta a una cuestión que, incluso, fue objeto de fallos que marcaban la inconstitucionalidad de esas limitaciones” a los ocasionales damnificados.

Queda claro que el Estado debe entender que detrás de cada expediente “hay personas, seres queridos, que exigen una respuesta pronta y eficaz”, dijo el funcionario. En resumen, un expediente no debe quedar enredado en la desidia y la burocracia.

Se entiende que las enmiendas planteadas no relegan el patrocinio legal de los abogados.

Si bien la defensa oficial gratuita está garantizada en el sistema judicial, el proyecto es integral en el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de víctimas, las que aun así deben someterse a los enrevesados códigos de los tribunales para pedir pronta justicia.

Otro punto para destacar del proyecto reside en la atención médica, psicológica y social a las personas afectadas, mientras dure el proceso.

No es antojadizo poner en foco otras funciones del Estado en modo de prevención. Esto es, erradicar el delito y ahondar el amparo social en todos los ámbitos, para evitar que hasta un chico de 13 años se convierta en homicida.