Editorial. Armas de fuego en manos equivocadas

El desarme de la delincuencia que azota a la sociedad no ha sido definitivo ni mucho menos, si bien es de reconocer que el secuestro de pertrechos durante los operativos policiales ha mermado en algo la capacidad de fuego de muchas bandas. Pero el delito a punta de pistola no para en la provincia de Córdoba.

No obstante, el sentido de la precaución para no ser una nueva víctima de la delincuencia motivó que mucha gente se armara, aun en conocimiento de que intentar repeler por cuenta propia un presunto asalto puede tener consecuencias impensadas.

El desarme debe enfocarse también en muchos particulares que, sin los permisos legales correspondientes, almacenan una o más armas de fuego en sus hogares, con el alto riesgo que ello implica para los convivientes.

Otra cuestión a dirimir: demasiadas armas en poder de inexpertos, lo que ha contribuido a desenlaces fatales por descerrajar un disparo de pistola o fusil a un blanco equivocado.

Los antecedentes en tal sentido son numerosos. El 1 de diciembre de 2024 dábamos cuenta de una tragedia ocurrida en barrio Guiñazú, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, cuando en la oscuridad de la noche un hombre mató de un escopetazo a su hijo de 20 años creyendo que era un ladrón.

El debate acerca de las armas en manos equivocadas se actualizó hace pocas semanas por lo sucedido en barrio Villa Belgrano, de Córdoba Capital. La crónica policial precisó que, en medio de un asalto a una vivienda, su propietario mató por error al policía Luis Azabal con un disparo de una pistola nueve milímetros.

Además de la conmoción por la muerte del uniformado, la situación se tensó entre algunos miembros de la fuerza de seguridad y la Justicia, debido a que el autor del balazo mortal fue liberado pocas horas después de su detención.

Ni legítima defensa ni razón alguna que justifique el incremento de armamentos en manos de civiles; peor aún cuando se las usa en abierta transgresión a las reglas de seguridad, incurriendo en conductas impropias tales como la “justicia por mano propia”.

La polémica servida por la citada proliferación de armamentos en las calles mereció la reflexión de especialistas en seguridad y en derecho penal. En ese marco, el abogado Carlos Nayi evaluó que el 50% de las personas que poseen armas no tienen la experiencia para usarlas o carecen del permiso respectivo.

Es decir, hay casos de particulares que acreditan la tenencia, aunque de igual modo ello no los autoriza a usarlas en acciones de represión al delito que atañen a las fuerzas de seguridad con dependencias del Estado. El mismo poder estatal que tiene como asignatura pendiente el desarme de la criminalidad y de los particulares.

Un arma blandida en la vía pública o escondida en un cajón de una vivienda representa un riesgo para la sociedad.

Son las secuelas del delito que no ha sido derrotado y que agita el mercado de las armas.