Editorial Animales rescatados: un abandono que no se debe ignorar
Las organizaciones proteccionistas de Córdoba afrontan una crisis cada vez más profunda por la falta de refugios y de políticas públicas para animales rescatados de situaciones de maltrato.
La situación de los animales rescatados en la ciudad de Córdoba expone una falla grave del sistema público.
Cada operativo por maltrato, hacinamiento o criaderos ilegales genera la misma pregunta: ¿qué ocurre con esos perros y gatos después del rescate?
La respuesta es alarmante: no existen refugios estatales suficientes, no hay infraestructura preparada para alojarlos y las organizaciones proteccionistas absorben una responsabilidad que corresponde al Estado.
Las fiscalías avanzan sobre casos de crueldad animal con mayor frecuencia. Las denuncias crecen y las escenas que aparecen en viviendas clandestinas revelan niveles extremos de abandono y violencia.
Sin embargo, cuando llega el momento de retirar los animales, surge un vacío que pone en riesgo el procedimiento. Muchas veces no existe un lugar donde llevarlos.
En otros casos, los propios maltratadores quedan como depositarios judiciales por falta de alternativas, lo que resulta absurdo.
Las ONG y fundaciones sostienen la emergencia con recursos mínimos. Pagan guarderías, alimentos, tratamientos veterinarios y traslados. Organizan rifas, eventos y campañas para cubrir gastos que el sector público debería afrontar. Aun así, el colapso es evidente.
Los testimonios de rescatistas y proteccionistas muestran desgaste, saturación e impotencia frente a un problema que no deja de crecer.
El panorama se vuelve más complejo en el caso de perros potencialmente peligrosos. La legislación establece obligaciones concretas para el resguardo y control de estos animales, pero tampoco existen espacios adecuados para alojarlos.
Muchas organizaciones no cuentan con instalaciones ni personal capacitado para contener situaciones de riesgo. A eso se suma la dificultad para conseguir adoptantes y el escaso seguimiento posterior.
La discusión que comenzó en el Concejo Deliberante sobre un futuro Código de Bienestar Animal representa una oportunidad.
Es necesario definir competencias, responsabilidades y protocolos claros entre el municipio, la Provincia y la Justicia. También hace falta una estructura estable, con refugios, personal especializado, programas de castración, trazabilidad y control sanitario.
La apertura del Hospital Veterinario Municipal puede ser un avance importante, pero no alcanza. La magnitud del problema exige una política integral.
El Estado municipal debe asumir un rol central, no sólo desde la atención veterinaria, sino también desde la prevención, el rescate y el alojamiento transitorio de animales judicializados. Las protectoras necesitan apoyo económico, articulación institucional y reconocimiento formal de una tarea que sostienen casi en soledad.
La discusión tampoco puede agotarse en la responsabilidad estatal. Existe una dimensión social e individual.
El abandono, la reproducción sin control y la compra de animales en criaderos clandestinos forman parte de la raíz del problema. La tenencia responsable no debe ser una consigna vacía. Implica vacunación, castración, identificación y cuidado cotidiano. También exige comprender que un animal no es un objeto descartable.
El desafío requiere decisión política, recursos y coordinación. Y una sociedad dispuesta a asumir que el trato hacia los animales refleja, en gran parte, el tipo de comunidad que se pretende construir.
