Diálogo, firmeza y acción

Políticos de todas las tendencias coinciden en que la firmeza y el diálogo no son antagónicos sino complementarios en un ejercicio inteligente del poder. Es necesario que el Gobierno nacional disponga de un escenario de gobernabilidad para desarrollar el proyecto que ganó en las urnas; y es lógico que procure consenso con las minorías políticas y las organizaciones con representación sectorial y social.

De haber ocurrido esto último, la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social, que puso en marcha la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que tiene amplia aceptación, habría transitado en su implementación inicial por aguas más tranquilas y sin que el oficialismo perdiera el mérito de haberlo ejecutado.

Pero no ocurrió exactamente así. El ingreso beneficia con 180 pesos por cada hijo menor de 18 años a los padres desocupados o con trabajos informales, a condición de que se atienda la salud de los menores y se los envíe a la escuela. Aunque se trata de un paliativo, impacta positivamente en la economía familiar y en la inclusión social de los chicos. De hecho, el Gobierno destacó que la medida ya provocó un aumento de varios puntos porcentuales en la matrícula, lo que no es poco en un escenario de deserción escolar.

Pero algunos problemas dejaron en evidencia el apuro y la falta de consulta en un tema trascendente. No se trata de pedir permiso a una oposición crispada, sino de propiciar un análisis sereno, profundo, certero.

Apresurados

Una señal del apresuramiento es que, en principio, se dejó afuera del beneficio a quienes envían a sus hijos a colegios privados, olvidando que en muchos casos las cuotas de esos establecimientos son similares a las de una cooperadora escolar, y que numerosos padres necesitan esos recursos de igual modo que los que mandan a sus hijos a la educación pública. La promesa de corrección posterior es la prueba de la imprevisión.

Además, la asignación no es realmente universal porque no alcanza a todos (lo cual es discutible, por cierto); y si bien hay condiciones fijadas de antemano para acceder al beneficio, el hecho de ser selectivo alimenta las sospechas de clientelismo político a través de un programa que tiene amplio consenso.

Antes y ahora. Detrás de esa asignación hay una historia de años. En 1997, cuando militaba en la Unión Cívica Radical (UCR) la entonces diputada nacional Elisa Carrió y su compañera de bancada Alicia Carca presentaron un proyecto de ley similar (sólo que era universal). No fue tratado durante el tramo final del menemismo y tampoco en los años del presidente Fernando de la Rúa, del partido radical.

En las campañas presidenciales de 2003 y 2007, ya desde el ARI-Coalición Cívica, Carrió insistió en la propuesta y su proyecto original, actualizado en las cifras por otros legisladores, siguió durmiendo el sueño de toda iniciativa opositora.

El año pasado, cuando la tozuda ex radical volvió a la carga y la inflación carcomía los bolsillos, varios partidos de oposición, algunos parlamentarios del propio justicialismo y la Iglesia Católica plantearon proyectos y reclamos similares.

Recién entonces y apelando a recursos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Poder Ejecutivo alumbró con rapidez una iniciativa relativamente similar y con sello propio.

Seguramente, el Gobierno habría recogido la misma o mayor aceptación si hubiera efectuado consultas; y es probable que no tendría que ensayar correcciones de apuro por haberse, precisamente, apresurado. Las obras son de los que las efectúan, no de quienes las proponen, de manera que una actitud diferente en nada le hubiera quitado méritos a la Presidenta.

Además, la pobreza no es nueva. Si hubiera reparado en la idea del ARI en su momento, hace años que el oficialismo podría haber dicho, con la misma satisfacción que expresa ahora, que con la Asignación por Hijo bajan los niveles de indigencia, miles de familias cruzan hacia arriba la línea de la pobreza y las aulas se llenan de voces que antes no accedían al derecho de una ley de educación que data de 1884.

Y la sociedad no les habría escamoteado el derecho de autor.