Debate. Desarrollo sin agua: la contabilidad ambiental que no estamos haciendo

La pregunta necesaria no es si la vida es plata o es agua. La pregunta es cómo podemos hacer para que ambas contribuyan a una ecuación positiva para las grandes mayorías y a un equilibrio en el crecimiento, tanto regional como global.

A la gente le interesa vivir mejor. Pero vivir mejor comienza por algo elemental: la disponibilidad de agua. Existen distintos tipos de agua y calidades dentro del ciclo hidrológico. El agua apta para consumo humano no se origina en sistemas degradados, sino en fuentes naturales cuya calidad ha sido preservada, principalmente a partir de las precipitaciones.

En regiones como la Pampa Húmeda, esta recarga ocurre a través de lluvias; en la región altoandina, en cambio, se produce en forma de nieve y hielo. Parte de esa agua se almacena en el suelo y la vegetación, y otra fracción se transforma en escorrentía y recarga de acuíferos, constituyendo las principales fuentes de abastecimiento.

La disponibilidad y calidad de este bien común depende de la integridad de estos sistemas y de los procesos de filtración, almacenamiento y circulación que ocurren en ellos. En términos simples, el agua que consumimos no debería provenir de sistemas degradados, sino de ciclos naturales bien conservados.

Vivir mejor también supone disponer de un techo y satisfacer necesidades básicas, lo que implica grandes volúmenes de agua y el uso de recursos renovables y no renovables. Entre estos últimos, los metales ocupan un lugar central. Su reciclado sigue siendo limitado y, en muchos casos, su calidad se degrada durante el proceso.

Incluso en materiales ampliamente utilizados como el hierro, el aluminio y el cobre, cuyo uso se ha incrementado exponencialmente, es necesario preguntarse por su huella ecológica, su huella de carbono y, especialmente, su huella hídrica. Estas dimensiones forman parte de lo que podríamos llamar una “contabilidad ambiental”, imprescindible para evaluar si un modelo de desarrollo es realmente sostenible.

Sin embargo, gran parte del debate público está atravesado por una narrativa simplificada, impulsada por intereses económicos que promueven el consumo sin considerar sus costos ambientales. En ese contexto, el costo ecológico, frecuentemente invisibilizado, sí importa.

Pensar el desarrollo desde una perspectiva nacional implica comprender cómo se distribuye la población en el territorio y cómo viven comunidades enteras fuera de los grandes centros urbanos.

Los actuales modelos de crecimiento de los grandes aglomerados urbanos presentan serios problemas de sostenibilidad, especialmente cuando se concentran en zonas ambientalmente vulnerables, como las regiones costeras, donde ya se observan los efectos del cambio climático, incluyendo el aumento del nivel del mar y eventos extremos.

Esta situación refleja una planificación territorial deficiente, donde predomina una lógica económica de corto plazo por sobre la construcción de condiciones de vida equitativas y sostenibles.

Esto resulta especialmente relevante en la Argentina, un país naturalmente dotado de recursos, donde no deberían naturalizarse ni áreas de sacrificio ni situaciones de vulnerabilidad social. El desarrollo sólo tiene sentido si se equilibra con la naturaleza que lo sustenta.

Durante décadas no lo advertimos, pero hoy sabemos que muchos discursos no surgen del conocimiento científico, sino de simplificaciones que reducen procesos complejos a cifras inmediatas, ignorando escalas temporales que van desde años hasta milenios. La complejidad de los sistemas naturales no permite su reducción a métricas simples sin perder información crítica sobre su funcionamiento.

En algunos casos, estas simplificaciones conviven con prácticas poco transparentes, donde la influencia económica sobre la toma de decisiones públicas –a través de mecanismos formales e informales– debilita la calidad del debate y de las políticas resultantes.

Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, las decisiones deberían apoyarse en cuatro pilares: el conocimiento científico, el consenso social informado, la decisión política responsable y una ciudadanía activa y consciente. Sin estas cuatro patas de la mesa en equilibrio no hay forma de sustentarla.

El agua, como base de la vida, no puede reducirse a una variable económica más. Tampoco puede ser apropiada como un recurso cualquiera. Es un bien común que sostiene a todas las formas de vida.

Hoy, el debate sobre la ley de glaciares refleja una tensión más profunda: entre quienes entienden la necesidad de preservar sistemas que sostienen la vida y quienes consideran que todo puede ser objeto de negociación económica.

Pero una sociedad no se construye sobre la base de beneficios individuales aislados, sino sobre condiciones compartidas de bienestar. No hay un plan B. El único planeta que tenemos es este. Y su cuidado no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para la vida.

Geólogo e investigador del Conicet