Desafíos en el acceso al aborto no punible

Esta semana se cumplen cuatro meses desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ), intérprete último de la Constitución Nacional Argentina, se pronunció respecto del alcance de la no punibilidad del aborto en nuestro país. El 13 de marzo, la Corte reconoció el derecho de cualquier mujer a interrumpir un embarazo producto de una violación, con la sola declaración jurada realizada ante el médico, sin la necesidad de contar con una autorización judicial ni denuncia policial.En este fallo, la CSJ retoma en su sentencia algunas de las numerosas observaciones que desde hace más de una década vienen realizando diferentes organismos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los tratados de derechos humanos a cuyo cumplimiento se encuentra obligado constitucionalmente el Estado argentino.Este fallo busca garantizar, además, el desarrollo y la aplicación de políticas públicas necesarias para que las mujeres puedan, efectivamente, acceder a este derecho.Para esto, el máximo tribunal exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar y hacer operativos –mediante normas del más alto nivel– los protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles.En el marco de los debates en torno de este fallo histórico, los días 29 y 30 de junio últimos en la ciudad de Córdoba, tuvo lugar el Primer Encuentro Nacional de la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres. En este encuentro, más de 50 abogadas y abogados de todo el país debatieron sobre los desafíos que presenta la aplicación del fallo de la Corte en las diferentes ciudades y provincias frente a las posiciones conservadoras de algunos funcionarios y al accionar de grupos del mismo signo ideológico en contra de su implementación.De este modo, la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres debatió diversas instancias sociales y legales destinadas a garantizar la accesibilidad al derecho al aborto no punible de toda mujer cuya vida o salud esté en peligro, o cuyo embarazo sea producto de un abuso sexual. El encuentro estuvo organizado en conjunto por la Asociación por los Derechos Civiles, Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir y el Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Durante la primera jornada se realizó un panel abierto al público en la Facultad de Derecho (UNC), con la presencia de prestigiosos juristas como Nelly Minyesky, Paola Bergallo y Andrés Gil Domínguez.En el marco de estas actividades, y en atención a la gravedad institucional producida por el juez de Primera Instancia Federico Ossola, que ordenó mediante una medida precautoria la suspensión en la provincia de Córdoba de la aplicación de la Guía para la atención de los abortos no punibles en los casos de violación, sancionada a fines de marzo por el Ministerio de Salud Provincial, situación que se mantiene desde hace más de dos meses, se realizó un llamado a la acción.En concreto, se solicita al Gobierno de la Provincia que adhiera a la Guía Técnica para la atención integral de los abortos no punibles, elaborada por el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.No obstante, hubo claridad en los debates sobre la plena vigencia del fallo. A su vez, los paneles se vieron enmarcados en el conocimiento del dictamen de la fiscal Civil, Comercial y Laboral de Segunda Nominación de la Justicia de Córdoba, quien el día anterior al encuentro había presentado ante el juez Ossola un dictamen favorable a la constitucionalidad de la Guía Técnica provincial.El encuentro resolvió realizar una declaración pública instando al Gobierno nacional y a los provinciales a cumplir con el fallo de la Corte Suprema, por lo que se elaboró un documento que lleva la firma de numerosos abogados/as de distintas provincias, desde el cual se hace un llamado para el inmediato cese de las normativas y acciones frustratorias del acceso al aborto no punible, tal como lo ha señalado la Corte y advierte que la persistencia de estas situaciones comprometerá la responsabilidad internacional de nuestro país.

* Silvia Juliá y Angélica Peñas Defago, Católicas por el Derecho a Decidir y Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos, Facultad de Derecho, UNC.