A 11 años del primer grito #NiUnaMenos. El desafío de sostener lo conquistado frente a la marea regresiva

A 11 años de la histórica movilización del 3 de junio de 2015, el movimiento Ni Una Menos atraviesa un momento clave de resistencia y redefinición. Uno de sus impactos más profundos fue haber logrado instalar las violencias de género como un problema social, político y estructural en la agenda pública y estatal.

Desde aquel hito, la problemática dejó de ser un asunto privado para convertirse en un debate colectivo. Esto impulsó transformaciones en universidades, sindicatos y ámbitos laborales que comenzaron a desarrollar protocolos y estrategias de prevención.

Sin embargo, el escenario actual presenta desafíos complejos frente al avance de discursos regresivos. El principal reto es sostener y profundizar derechos en un contexto en el que se cuestionan consensos que parecían consolidados.

Enfrentamos narrativas que niegan las violencias de género, desacreditan las desigualdades estructurales y atacan las políticas públicas de cuidado, diversidad e inclusión.

En contextos de crisis económica y precarización, resulta necesario sostener una agenda amplia e interseccional.

Las desigualdades de género se profundizan cuando aumentan la pobreza, la sobrecarga de cuidados y las violencias, por lo que la tarea de articular demandas vinculadas a derechos sexuales y (no) reproductivos, violencias, trabajo, vivienda, salud mental, cuidados y protección social no admite demora.

El avance de discursos antiderechos dentro de las instituciones estatales –incluidos sistemas judiciales, educativos o de salud– plantea tensiones concretas sobre cómo garantizar el acceso efectivo a derechos ya reconocidos formalmente.

En ese sentido, el desafío no es sólo conquistar nuevas leyes, sino transformar las culturas y prácticas institucionales.

A pesar de este panorama, los debates sobre violencias, distribución de cuidados, conciliación laboral, desigualdades y autonomía continúan instalados en la sociedad.

A esto se suman, en los últimos años, la aparición y el incremento exponencial de las violencias digitales, cuyas particularidades deben ser abordadas de modo específico al momento de diseñar y pensar políticas de prevención.

De modo coherente con lo expresado, debemos continuar disputando sentidos en el espacio público y digital. Muchos discursos regresivos circulan con fuerza en redes sociales, medios y espacios políticos, con apelaciones al miedo, a la desinformación o al desgaste social.

Frente a eso, los feminismos, movimientos de mujeres y la comunidad LGBTIQ+ siguen produciendo evidencia, construyendo narrativas accesibles y fortaleciendo formas colectivas de organización y solidaridad.

En la Universidad Nacional de Córdoba, el plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en el ámbito de la UNC registró el acceso de 1.074 personas o grupos en la última década. Un dato revelador es que más del 60% de las consultas corresponden a violencias de carácter psicológico, verbal y simbólico, formas de maltrato que se agudizan con el crecimiento de los discursos de odio.

La necesidad de políticas institucionales se valida con la cruda realidad nacional: entre enero y mayo de 2026, se registraron 99 femicidios, lo que representa una víctima fatal cada 36 horas.

El hecho de que sólo el 19% de estas víctimas hubiera realizado una denuncia previa expone las barreras persistentes en el acceso a la Justicia y refuerza la necesidad de contar con dispositivos de acompañamiento cercanos y confiables.

A nivel de discusión legislativa, la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC ha manifestado su repudio al proyecto sobre "falsas denuncias", calificándolo como una iniciativa contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

El desafío es también pedagógico. La continuidad del Programa de Formación Ley Micaela en la UNC y el reciente lanzamiento del curso sobre "Violencias digitales: herramientas para su prevención" son insumos fundamentales para que todos los claustros, docente, no docente y estudiantil, se posicionen críticamente ante el acoso en entornos virtuales, ante la discriminación y ante cualquier forma de violencia que pueda afectar la convivencia universitaria.

La UNC reafirma su compromiso contra toda forma de violencia y acompaña el pedido de justicia por el femicidio de Agostina Vega, como así también por todas las víctimas de violencia machista.

Con motivo de esta fecha, Analía Barrionuevo, primera coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género, expresaba: “Como ciudadanas/os, somos responsables de reaccionar y accionar frente a esta realidad, tenemos la opción de no naturalizar estas prácticas del horror; que nos sigan conmoviendo e importando. Cada ausencia de estas mujeres nos interpela para re-pensarnos y buscar maneras colectivas de construir para transformar la trama social. Se hace imprescindible salir a la calle para manifestar nuestra disconformidad, decir ¡basta de muertes! Por eso hoy seguimos diciendo 'Ni Una Menos', porque necesitamos seguir reclamando el abordaje integral de este problema público, que se apliquen políticas adecuadas, con el presupuesto necesario para que sean eficaces”.

* Coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género (UNC)

** Integrante del equipo técnico de la Unicepg