Economía. Crecimiento, derrame y una pregunta incómoda: ¿para quién?

En los últimos días, volvieron a instalarse con fuerza algunas definiciones del ministro de Economía de la Nación sobre que “a partir de abril habría desinflación y crecimiento, sin trade-off”. Es decir, lo mejor de los dos mundos. Desde lo deseable, ojalá tenga razón. Nadie puede oponerse a una economía que prospere.

Ahora bien, el punto no es el deseo, sino el análisis. Y allí aparecen algunas inconsistencias que conviene poner sobre la mesa.

Porque un cálculo es que la economía crezca en términos agregados, pero otro distinto es que ese crecimiento alcance a todos los argentinos.

En este punto, hay que ser prudentes. Es como si al integrante de una familia le comienza a ir muy bien en términos de ingresos, pero si ello no se comparte entre todos sus miembros, no significa que esa familia esté mejor.

Desde afuera, los vecinos dirán: “A esa familia le va muy bien”. Pero la pregunta relevante es: ¿a quién dentro de esa familia le va bien?

Entonces, queremos llamar la atención sobre un tema poco tratado en el último tiempo: los mecanismos de distribución.

Se observa un Estado que intenta retirarse parcialmente del cobro de impuestos; es decir, que reduce su capacidad de capturar renta. Pero, al mismo tiempo, no modifica ni profundiza los mecanismos de redistribución existentes.

Estos mecanismos son conocidos: jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignaciones por hijo, sistema de salud pública, educación pública y subsidiada, etcétera. Al momento, poco de eso fue reconfigurado para mejorar la llegada del ingreso a cada argentino.

La excepción fueron los cambios en los llamados programas sociales, que quitaron a las organizaciones sociales su intermediación, y algunos pocos cambios en materia de promoción del empleo incluidos en la recientemente aprobada Ley de Modernización Laboral, pero esto luce lejos de producir impactos inmediatos.

Entonces, ¿qué queda como mecanismo de aseguramiento de la distribución de la renta? Queda el mercado, ya que el Gobierno básicamente apela a políticas pasivas.

En otros términos, el planteo conceptual que se propone se acerca bastante a la llamada teoría del derrame, donde el crecimiento de algunos sectores eventualmente “caerá o derramará” sobre el resto por el solo hecho de rebalsar sus propios límites de bienestar y acumulación.

El asunto es que el derrame no es automático ni universal. Depende de la estructura económica, social y jurídica sobre la cual se apoya.

Si uno piensa, por ejemplo, en la Pampa Húmeda, sí hay mecanismos de derrame relativamente consolidados. No por diseño reciente, sino por 150 años de construcción productiva, social, cultural e institucional.

El ingreso eventualmente extraordinario que generan el campo y su cadena de valor circula al pasar por contratistas, proveedores, comercios locales, servicios, clubes, colegios y todo tipo de instituciones.

Hay una red densa de vínculos económicos y sociales que permite que ese excedente se redistribuya, fundamentalmente porque quienes ostentan la propiedad de esa renta, desarrollan sus proyectos de vida de largo plazo en esas comunidades.

Ahora bien, la gran apuesta del Gobierno hoy no está en ese tipo de economía. Está en el esquema del Rigi, orientado principalmente a actividades extractivas. Y allí cambia la lógica.

En la economía extractiva, la renta es circunscrita y delimitada geográficamente; no se puede expandir la frontera productiva por mero esfuerzo e inversión. El recurso está ahí, más allá de lo que hagamos. No es resultado de un entramado productivo complejo ni de una red social densa, combinados con condiciones naturales más o menos favorables.

Adicionalmente, en general, en las actividades la población no se asienta de forma permanente en su ámbito: las personas van, trabajan por un tiempo y luego cambian su localización o directamente se retiran a otra región.

Entonces, la pregunta clave es: ¿qué mecanismo de derrame real existe desde esas actividades hacia el resto de la economía?

Lo que hay, en el mejor de los casos, es una cadena de valor acotada y temporal: servicios asociados, logística, algo de empleo directo e indirecto. Pero ello tiene un techo y una duración limitada al tiempo de duración del yacimiento (20 o 30 años promedio).

A esto se suma un elemento poco visibilizado: el propio diseño del Rigi permite que, a partir de cierto momento (por ejemplo: tercer año de la inversión), las empresas puedan elegir no liquidar la totalidad de las divisas en el país. Es decir, los dólares pueden no ingresar plenamente al circuito económico local.

De manera real, ingresarán los dólares suficientes para atender los costos de operación, pero las rentas extraordinarias no tienen un incentivo jurídico ni social conocido por el cual se estimule su reinversión en la propia actividad o incluso en el país.

La excepción sería YPF, por ser una empresa cuya conducción es nacional, es decir, de personas que tienen sus proyectos de vida en la Argentina.

Entonces, se configura una situación compleja: la principal fuente de crecimiento proyectada tiene mecanismos de redistribución débiles, temporales y, en algunos casos, incluso desvinculados del territorio.

Por eso, la narrativa de un “derrame” generalizado resulta, al menos, incompleta.

Argentina tiene antecedentes de políticas que sí generaron procesos de irradiación económica más amplios.

La industria automotriz en Córdoba es quizá el caso más emblemático. En ese momento, como ahora, hubo decisión política, incentivos; pero también hubo generación de tejido productivo, empleo estable y una clase trabajadora que se integró al proceso. Ese tipo de desarrollo es distinto al extractivo.

Por eso, la discusión no debería centrarse sólo en si la economía crecerá o no. La pregunta más incómoda, pero más relevante, es otra. Si la economía crece tal como se predice, ¿para quién crece?

*Economista