Argentina. La corrupción se fortalece en un Estado que se debilita
La posición negativa de Argentina en el índice de percepción de la corrupción no se debe sólo a un escándalo en particular, sino también a la pobre respuesta del Estado, que profundiza la sensación de impunidad.
La corrupción en Argentina es estructural y se ha arraigado a lo largo de los años. Desde una dirigencia política que utiliza las instituciones del Estado para beneficio personal hasta una Justicia lenta e ineficiente que coexiste con la impunidad. Así se ha generado el clima de desconfianza en el que la imagen que la sociedad tiene de quienes están en la política y la de la Justicia es cada vez más negativa.
Los resultados del índice de percepción de la corrupción (IPC), realizado anualmente por Transparencia Internacional, destacan la tendencia negativa del país. El resultado del índice de 2025, último disponible, ubica a la Argentina en el puesto 104 de 180, con un empeoramiento respecto de la posición 99 que se consiguió el año anterior.
Escándalos como el de la criptomoneda $Libra, que involucra directamente a Javier Milei; los posibles pagos de sobornos de proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad a funcionarios públicos, o el supuesto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, jefe de Gabinete y anterior vocero del Gobierno, una de las caras visibles de una gestión que llamó a “combatir la casta”, han profundizado la percepción de la corrupción.
La vuelta de $Libra
En 2025, Javier Milei promovió una criptomoneda que colapsó tras atraer inversores, y dejó así pérdidas totales para los usuarios y ganancias para sus creadores. Investigaciones periodísticas revelaron un presunto acuerdo millonario que vinculó al Presidente con el proyecto y su entorno cercano.
Este caso es un ejemplo de las fallas del sistema de pesos y contrapesos. La Cámara de Diputados creó una comisión investigadora, pero esta no tiene la capacidad para obligar a funcionarios a declarar. Por otro lado, la Justicia fue denunciada, por esta misma comisión, por demorar la investigación.
Mientras, el Ejecutivo armó su propia Unidad de Tareas de Investigación, cerrada luego de haber “concluido su labor”. El resultado de la investigación, supuestamente enviado a la Justicia, no fue compartido con organizaciones de la sociedad civil, en una posible violación al derecho de acceso a la información pública.
Este caso refleja las fallas de control entre los poderes del Estado, además de la falta de herramientas para investigar y sancionar delitos vinculados con la corrupción. Por lo tanto, la posición negativa de Argentina en el índice no se debe sólo a un escándalo en particular, sino también a la pobre respuesta del Estado, que profundiza la sensación de impunidad.
La Ley de Ética Pública, en jaque
El ascenso de Manuel Adorni a jefe de Gabinete puede leerse como la consolidación de su inserción en el núcleo de poder que rodea a Javier Milei, donde la proximidad a figuras clave del oficialismo funciona como principal criterio de acumulación de influencia. Más que un recorrido basado en capacidades técnicas, su trayectoria demuestra el peso de las lealtades personales en una estructura decisoria altamente concentrada.
Las controversias vinculadas con viajes oficiales y privados, junto con las inconsistencias en la explicación de su financiamiento, introducen dudas sobre la transparencia en el ejercicio del cargo.
La falta de documentación respaldatoria, sumada a la relación con actores vinculados a contrataciones estatales, sugiere posibles zonas grises en la gestión de recursos y en la delimitación entre funciones públicas y privadas.
En este contexto, las irregularidades patrimoniales y los beneficios indirectos en su entorno cercano refuerzan la hipótesis de conflictos de interés, lo que tensiona los principios de la ética pública.
La posible vulneración de normas –como la prohibición de recibir beneficios indebidos o de incurrir en incompatibilidades– no sólo compromete responsabilidades individuales, sino que también expone debilidades institucionales en los mecanismos de control y rendición de cuentas.
En este contexto, el Gobierno tiene el desafío de ajustarse más estrictamente a la ley actual, ya que suele incurrir en actitudes –o justificarlas– que podrían ser contrarias a la ética pública y llevarían a la degradación de la calidad de las instituciones democráticas.
Una mejor comprensión de la Ley de Ética Pública y su aplicación estricta implicarían un sistema más íntegro y que permitiría que Argentina pueda, finalmente, mejorar su posición en el índice.
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de La Matanza
