Cuando Javier Milei ingrese este domingo al Congreso para proponer la agenda de su tercer año de mandato, podrá comprobarse que su recorrido político ha tenido la sucesión y el vértigo de una montaña rusa: de la debilidad extrema a la sensación de supremacía. Una y otra vez.
Comenzó su mandato con un acto a espaldas del Congreso. Durante su primer año de gestión, consiguió a duras penas un régimen de gobernabilidad precario: un equilibrio inestable entre su fragilidad parlamentaria y un predominio constatable en la opinión pública.
El año electoral invirtió los términos. El Congreso opositor se lanzó a una ofensiva aguda para ganar las elecciones, con la economía en el centro de las objeciones.
Milei quedó al borde de una derrota. La economía la salvó una intervención tan inédita como oportuna de la administración Trump. Y la política la rescató el voto. El Gobierno obtuvo una victoria amplia y todas las fracciones de oposición entraron en crisis.
Proyectos ambiciosos
El mensaje de Milei reflejará hoy las secuelas de ese momento. Una marea cuya extensión llega hasta el momento actual, en el que se conjugan las mejoras políticas del oficialismo –bloques mejor integrados, conducidos con más experiencia– y las fisuras expuestas del conglomerado opositor.
Es la ecuación con la cual Milei logró la aprobación de su primer Presupuesto, la del nuevo Régimen Penal Juvenil y la notoria sanción sin obstáculos de la reforma laboral. También consiguió el Gobierno la ratificación parlamentaria del acuerdo comercial del Mercosur con Europa. Otra iniciativa del Ejecutivo avanza hacia el consenso: los cambios en la Ley de Glaciares fueron aprobados por el Senado el jueves y pasan a Diputados, donde se descuenta el respaldo mayoritario.
Pero conviene detenerse en dos de las leyes más controvertidas, porque explican una clave de la supremacía actual del oficialismo. Ambas definen por sí mismas el clima de época.
La primera y acaso la más visible es la reforma laboral. Milei reivindicará hoy en el Congreso que su gobierno consiguió, con recursos parlamentarios ínfimos, una modernización del marco legal para las relaciones del trabajo que ninguna gestión no peronista pudo concretar.
Observadores críticos advierten que la profundidad de la reforma no es suficiente, que el Gobierno sólo avanzó tras acordar con la burocracia sindical la inmunidad del financiamiento a los gremios y que el balance final de los cambios sólo se comprobará si hay reactivación del empleo. No obstante, en términos normativos, el avance modernizador es inédito.
Las grandes organizaciones sindicales venían ocultando la endeblez de su representación efectiva. Desde hace décadas se fueron transformando en estructuras con lógica empresarial, distantes de muchas demandas de sus representados.
Como norma general, establecieron que las medidas de protesta sólo pueden concretarse si a la Casa Rosada llega algún dirigente ajeno a su identidad política, el peronismo.
Ese patrón de comportamiento tenía un fundamento histórico: el peronismo nació como el partido del cambio y la legislación laboral fue la cumbre normativa de esa transformación.
En consecuencia, sólo su programa de gobierno garantizaba mejoras para los trabajadores. Y cada modificación a las normas que cristalizaron ese cambio debía ser percibida como una amenaza.
Ese paradigma entró en crisis tras el fracaso económico del ciclo kirchnerista. En el momento final de esa hegemonía, el peronismo dejó más cantidad de pobres que los recibidos de gestiones anteriores. Y las leyes laborales se convirtieron en una prerrogativa reducida para el trabajo registrado, con millones de argentinos expulsados a la informalidad laboral.
Para una amplia franja social, el peronismo dejó de ser el partido del cambio para convertirse en una herramienta de conservación de privilegios.
Esa nueva percepción social pudo observarse claramente en la disociación de dos fracciones de la misma extracción política: la de los sindicatos y la de los gobernadores. Unos defendiendo la ciudadela gremial; otros más expuestos a la intemperie del voto.
También el nuevo Régimen Penal Juvenil fue aprobado con apoyo social y pese a las críticas de organizaciones sociales relevantes.
La sanción definitiva concretada el viernes es la constatación de una novedad más social que política: el fracaso del proyecto cultural del garantismo. El reflujo desde una visión normativa que fue percibida en los hechos como un amparo irrestricto a los victimarios, en detrimento de las víctimas.
En este caso cabe observar igualmente una novedad tangible en el clima social. El peronismo también se reivindicaba como el partido del orden. Porque la movilidad social ascendente garantizaba un horizonte de justicia distributiva. El garantismo penal era un acto de fe en el orden armónico de la inclusión social.
Ocurrió en los hechos algo diferente: la derrota del garantismo por el padecimiento social cada vez más extendido ante niveles de inseguridad ciudadana insoportables.
Desacoplados
De modo que, en dos debates distintos, la principal fuerza adversativa a Milei se enfrentó a algo peor que el ímpetu del oficialismo. Se enfrentó a un desacople conceptual y práctico con el clima de época.
Ni el cambio ni el orden son atributos que pueda reivindicar la oposición recurriendo a antecedentes creíbles. El problema no lo tiene con Milei, sino con la sociedad. Lo nuevo es todavía una deuda programática en la oposición.
Ese desafío excede las disputas entre la autofagia del PJ bonaerense y el repliegue del resto de los gobernadores. El oficialismo tiene un candidato presidencial para 2027. La oposición no.
Toda su opción estratégica se reduce a aguardar que Milei pise la banana. Puede ocurrir: Milei es un gestor de la fragilidad. Pero esa opción estratégica se parece más a una apuesta que a una alternativa política.
