Basta de impunidad en los delitos de cuello blanco

Si alguna función debe cumplir la administración de justicia en una sociedad, esa es la de preservar el orden. Los diferentes derechos y garantías que nuestra Constitución Nacional reconoce pueden verse comprometidos en la prestación de ese servicio público, pues la equidad no siempre se apega a la letra de la ley.Sin embargo, la paz social no debería correr la misma suerte. De lo contrario, podría entrar en crisis el concepto mismo de sociedad.La impunidad de la corrupción gubernamental, del narcotráfico y de los delitos económicos complejos –entre los que se encuentran el lavado de dinero y los delitos financieros, tributarios, aduaneros y cambiarios– atenta contra dicho orden social, ya que brinda a los ciudadanos un mensaje erróneo.¿Quién estará interesado en cumplir la ley si, contrariamente a lo que debería ser, "el delito paga"?Ello impone al Estado el deber de actuar a través de todos sus órganos para desincentivar este tipo de ideas y, en definitiva, para hacer cumplir la ley.Es necesario, entonces, impulsar una profunda transformación del sistema judicial, para que a los jueces se les brinden los medios necesarios y se les permita actuar con independencia.Que se les brinden los medios necesarios implica que esta reforma comprenda a todos aquellos organismos que forman parte del sistema de Justicia, aun cuando no sean parte del Poder Judicial.¿Cuántos imputados por estos tipos de delitos serán condenados si hay falencias en las investigaciones por falta de capacitación? Resulta imperioso profesionalizar y especializar a las fuerzas de seguridad, a las fiscalías, a las defensorías, a los organismos técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), etcétera.Por otro lado, debe permitírsele a la Justicia actuar sin interferencias. Es decir, con independencia de los otros poderes.Por último, deben realizarse reformas en el Poder Judicial y en el Consejo de la Magistratura. Es inconcebible, por ejemplo, que el 25 por ciento de los juzgados federales estén a cargo de jueces subrogantes; es decir, jueces que no respetan la garantía constitucional del juez natural y que, por lo tanto, no deberían tener autoridad para emitir una sentencia legalmente válida.Parte de estas ideas fueron recogidas en la agenda política denominada "Justicia 2020", que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, presentó hace unos días en la provincia de Córdoba, y que contó con el apoyo de las autoridades judiciales provinciales y federales. A partir de ella, se procura arribar a una Justicia más rápida, confiable y transparente.En lo que respecta a Córdoba, la agenda se focaliza, principalmente, en el flagelo del narcotráfico. Si bien es loable, pues la ausencia del Estado en esta área ha permitido un desarrollo exponencial del problema, hubiera sido aún más valioso que se considerara con igual énfasis la problemática de los delitos económicos.En nuestra provincia, no existen juzgados federales especializados en estas áreas, todo lo cual dificulta la investigación, la persecución y el desaliento de los delitos de cuello blanco.Ni siquiera existe en Córdoba una réplica o delegación del Tribunal Fiscal de la Nación ante la cual puedan tratarse cuestiones penales menores, tales como las infracciones a las leyes tributarias o aduaneras. En consecuencia, se debe acudir a Buenos Aires para acceder a un servicio de Justicia de este tipo.Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional tiene facultades suficientes para crear un tribunal fiscal con sede en nuestra provincia (artículo 2 de la ley número 15.265).Existe la posibilidad de que los ciudadanos de la Argentina recuperemos la confianza en la Justicia y podamos acceder a ella sin importar cuán alejados estemos de la capital de la República. Ello exige la voluntad y la acción conjunta de los tres poderes de gobierno.