Libertad de expresión. Los ataques a la prensa como deriva incompatible con la República

La libertad de prensa es la más clara y específica manifestación de la libertad de expresión. Un derecho que todo medio de comunicación gráfico, radial, televisivo o digital con alcance institucional o colectivo tiene y debe ser respetado, en aras de contribuir a la noble función de controlar el poder, formar opinión pública y construir transparencia.

Constituye el pilar de toda sociedad democrática, y encuentra protección legal en un potente cuadro normativo, que en su esencia prohíbe la censura previa y tiene anclaje en nuestra Constitución Nacional (artículos. 14, 32 y 43); tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22); pacto internacional de derechos civiles y políticos (artículo 19) y Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, artículo 13).

Desde esta perspectiva, cuando la desmesura, el agravio como estrategia discursiva y el insulto dirigido a este sector provienen del presidente de la Nación, contrariamente al ansiado fortalecimiento del poder que se busca, se lo debilita, generando una peligrosa deslegitimación de las instituciones.

En una de las más acabadas muestras de brutalidad discursiva e incontinencia verbal, el presidente Javier Milei, mientras se retiraba del Congreso, luego del informe de gestión brindado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando fue consultado por el resultado del tramo de la sesión que presenció en vivo, no trepidó en vociferar “chorros”, “corruptos”, entre otras descalificaciones que no merece sean repetidas, cuyos destinatarios fueron periodistas de distintos medios.

La investidura presidencial no es un atributo meramente formal, es ante todo, la esencia y encarnación institucional de la República y como tal se le exige asumir conductas acordes a los principios que constituyen la columna vertebral del sistema democrático, se espera de él mesura, tolerancia y apego irrestricto a la Constitución y las leyes de la Nación.

Sin embargo, a diario, sin arrepentimiento alguno, se monta en el inadmisible hábito de agraviar a sectores del periodismo no alineados a sus ideas, intereses y propósitos, lo que constituye una deriva incompatible con la República.

Las recientes expresiones del primer mandatario dirigidas como proyectiles lanzados por una metralla contra el periodismo, por su carácter agraviante y generalizantes, así como la reciente decisión de impedir el acceso de los trabajadores de prensa a ámbitos institucionales, configuran un cuadro de situación muy delicado, que no debe ser minimizado ni relativizado.

Se trata de un claro atentado a la libertad de expresión. La libertad de prensa no es una concesión del poder político sino un pilar estructural del sistema republicano, y su función no es simpatizar con el gobierno de turno, sino controlarlo, interpelarlo y, si es necesario, incomodarlo.

Pretender deslegitimar a sectores de la prensa por su línea editorial, por sus críticas, su posición insumisa, o por no alinearse a la narrativa del conductor oficial, implica desconocer la esencia misma del pluralismo democrático.

Sin embargo lo más grave es que esta retórica se refleja con alarmante frecuencia en actos puntuales, afectando de lleno el noble ejercicio de la función del periodismo.

La restricción de acceso a espacios institucionales, los insultos incontenibles y el agravio como hábito discursivo, son claros indicadores de un desborde que no debe tolerarse, desde que constituyen una abierta y grave afectación al principio de publicidad de los actos de gobierno, que no se reduce a una cuestión de opciones sino de respeto a una obligación indelegable e intransferible a nivel constitucional.

Sin tránsito libre de ideas, no es posible controlar al poder y sin control real del poder no hay república posible. Cada expresión suya no sólo comunica una opinión sino que proyecta una política de Estado.

En una democracia madura, al disenso no se lo enfrenta con insulto, agravios ni con exclusiones, se lo canaliza a través del debate, la argumentación seria y el respeto recíproco. Tratar como ilegítimos, deshonestos o carentes de valor profesional a quienes piensan distinto lejos de fortalecer al gobierno lo debilita.

El ejercicio del poder exige templanza, desde que las instituciones están por encima de las personas y que su preservación es un deber superior. Es necesario que el primer magistrado de este país rectifique rápidamente su rumbo, asumiendo conductas de respeto hacia cada una de las instituciones y sectores que integran la vida democrática.

Debe comprender de una vez para siempre que el periodismo no es un adversario a derrotar sino un actor esencial en el sistema republicano y cuando se lo ataca, no se afecta sólo a un sector profesional, se debilita el derecho de toda la sociedad a informarse, a opinar y fundamentalmente a controlar a sus gobernantes.

Atacar la labor de la prensa importa algo más grave que una excentricidad discursiva, importa erosionar el derecho que todos como miembros de esta sociedad tenemos a acceder a información, afectando a la República, lesionando el libre juego democrático que combina legitimidad, control, participación y garantía de derechos.

Abogado