A 60 años de su derrocamiento. Arturo Illia: el presidente que navegó contra el viento

Oriundo de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, Arturo Illia terminó sus estudios de medicina en 1927, y en 1929 se trasladó a Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, para trabajar como médico en la mutual de los obreros ferroviarios. En aquel entonces, el radicalismo tenía una fuerte inserción en los talleres que agrupaban a los trabajadores del riel.

Tras el golpe militar del general José Félix Uriburu, en septiembre de 1930, lo echaron de su puesto de trabajo, pero decidió no volver a Buenos Aires sino continuar su vida profesional y política en Córdoba, al compás del auge del liderazgo de otro médico radical: Amadeo Sabattini.

Estos dos médicos, uno en el norte provincial y otro en la zona de Villa María, marcaron la hoja de ruta del radicalismo cordobés en el siglo 20.

Illia fue vicegobernador de Córdoba durante el gobierno sabattinista de Santiago del Castillo, entre 1940 y 1943, una experiencia de gobierno marcada por la sensibilidad humana, el impulso a la educación pública y el desarrollo de políticas sociales.

En marzo de 1962 –durante la presidencia de Arturo Frondizi–, Córdoba fue el único lugar del país donde el radicalismo le ganó al peronismo las elecciones a gobernador: Arturo Illia obtuvo más de 310 mil votos, frente a los 249 mil del candidato peronista Carlos Berardo.

Estas elecciones en diversas provincias fueron anuladas por presión militar, dado que en la provincia de Buenos Aires había ganado el candidato peronista Andrés Framini. Sin embargo, el resultado electoral en Córdoba –en claro contraste con el resto del país– suministró a Arturo Illia el capital político para ser promovido al año siguiente como candidato a presidente de la Nación.

Durante la presidencia de Illia, el radicalismo cordobés alcanzó su mayor grado de influencia en la política nacional. Entre otras figuras relevantes en los procesos de toma de decisiones, podemos citar a Juan Palmero (ministro del Interior), Miguel Ángel Ferrando (ministro de Salud Pública), Miguel Ángel Zavala Ortiz (ministro de Relaciones Exteriores), Luis Caeiro (secretario General de la Presidencia de la Nación), Eduardo Gamond (presidente del Senado Nacional), Raúl Fernández (presidente del bloque de diputados nacionales), Fernando de la Rúa (jefe de asesores del Ministerio del Interior).

Illia asumió la presidencia del país con el peronismo proscripto por imposición de las Fuerzas Armadas. Pero a contragusto de ellas, derogó toda la legislación represiva, dispuso la libertad de todos los presos políticos y sociales, muchos de ellos detenidos a disposición del PEN por aplicación del macartista Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), que había legitimado las detenciones sin juicio durante los gobiernos de Frondizi y José María Guido.

Asimismo, se abrieron en todas las ciudades del país las unidades básicas del peronismo (los barrios de Córdoba se poblaron de unidades básicas justicialistas). De modo análogo, se legalizó al Partido Comunista, que pudo abrir sedes por primera vez desde su proscripción en 1959.

Durante su gestión presidencial, Illia mantuvo cordiales relaciones con cuatro gobernadores de orientación peronista o neoperonista: Deolindo Bittel (Chaco), Felipe Sapag (Neuquén), Ricardo Durand (Salta) y Humberto Martiarena (Jujuy). En marzo de 1965, el peronismo ganó las primeras elecciones parlamentarias nacionales desde la época de la presidencia de Juan Perón.

En la Cámara de Diputados de la Nación hubo entonces dos bloques peronistas: uno presidido por Paulino Niembro (vinculado al dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor) y otro liderado por el cordobés Julio Antún, que respondía directamente a Perón.

En contra de los deseos de la derecha política, militar y empresarial, se estaban dando firmes pasos hacia la legalización plena del peronismo. Asimismo, era categórico el rechazo de estos sectores a las políticas públicas vinculadas al reformismo social y el nacionalismo económico.

La anulación por decreto de los contratos petroleros con empresas extranjeras (vigentes desde la presidencia de Frondizi) y la aprobación de la Ley de Medicamentos que definía a los remedios como bienes sociales –no como simples mercancías–, fijaba precios y disponía la auditoría científica de sus contenidos en relación con los prospectos, erizó la piel de los laboratorios y la derecha argentina.

A ello se añadió su indignación, en 1964, por la aprobación de la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil. La lectura que hacía de estas políticas la XIX Asamblea de la más grande asociación empresarial de la época, Aciel (Asociación Coordinadora de Instituciones Empresariales Libres), no podía ser más crítica: el gobierno de Illia concebía a “los hombres de empresa” como “enemigos de la Nación”.

En 1965, la negativa presidencial para colaborar con tropas argentinas en la ocupación militar de Santo Domingo por los Estados Unidos enervó la animadversión del general Juan Carlos Onganía, empeñado en sostener y difundir la norteamericana “doctrina de las fronteras ideológicas”, para combatir al comunismo en el contexto internacional de la “guerra fría” entre las grandes superpotencias.

La lógica corporativa y facciosa de la política argentina alcanzó su punto culminante con la negativa parlamentaria de votar el Presupuesto para 1966: en el bloqueo legislativo a Illia, coincidieron peronistas y antiperonistas.

Fue el prefacio del fin: cuando el 28 de junio el general Onganía asumió la presidencia y en lugar de jurar por la Constitución nacional lo hizo por el “Estatuto de la Revolución Argentina”, estaban presentes –legitimando su asunción en la segunda fila del Salón Blanco de la Casa Rosada– los principales referentes del sindicalismo peronista: José Alonso (fiel a Perón) y Augusto Timoteo Vandor, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica.

Docente de la UNC; investigador de Conicet; autor del libro "Arturo Illia: un sueño breve"