Acuerdo poco claro

Lo más importante de todo procedimiento licitatorio público internacional, tal como actualmente tramita la Municipalidad de Córdoba para concesionar el sistema de transporte público de la ciudad, requiere que sea transparente en todo sentido y en cada uno de sus requerimientos. No hay otra salida. Tampoco hay razones, circunstancias o causales que hagan apartar al poder concedente de los requisitos del concurso público previsto.Llama poderosamente la atención la energía y el diligencia, dignas de mejor causa, con que algunos funcionarios municipales, abogados, defienden a capa y espada lo exigido por los concesionarios privados locales mediante un juicio extemporáneo para reclamar un pago de demandas a todas luces indebido por su oportunismo, su falta de sustento material y estructural y, para peor, carente de base cuantificable.Desde 2002 en adelante, y hasta nuestros días, el sistema de transporte público de Córdoba muestra un pésimo servicio, pese a los subsidios otorgados ligeramente para pagar réditos empresarios poco claros, los que a la postre evidencian la ineficiencia y la falta de control municipal del sistema.Ya hemos analizado la génesis de este entuerto, más propio de pasillos y de vericuetos legales, y fundamentamos que las condiciones del servicio imperantes en 2003 eran desastrosas y ruinosas para el vecino, hecho que no consideraron los empresarios para demandar un excesivo aumento del precio del boleto, tal vez para tapar su ineficiencia o encubrir su carencia de sentido social. El servicio era malo y era caro ya para esas condiciones. ¡Qué temeridad exigir un aumento del boleto sin invertir nada!El vecino, siempre mudo testigo de este mal cordobés, mira ahora asombrado cómo, por razones de fidelidad partidaria, un exconcejal quiere dar vuelta el argumento, al más puro sofista, para darle la razón al Departamento Ejecutivo y justificar el arreglo de un pago de un juicio, a todas luces manipulado de adentro y de afuera. Asombra que el político mire sólo el árbol y no sea capaz de mirar el bosque, actuando a espaldas de la sociedad. Pierde la sociedad. La ciudad está en manos de una asociación orquestada para manejar el servicio de transporte público. Eso ya está notoriamente comprobado y lo grave es que el usuario no sea atendido ni asistido en nada. Menos aún puede participar libre en las decisiones o tener participación directa en la forma de mejorarlo o de definirlo como debe ser: un servicio público eficiente y económico. En cuanto a la actual licitación, presenta un cuadro notablemente crítico, ya que su característica esencial, la transparencia, está viciada por manejos y ciertas componendas que hacen temer por una repetición de desviaciones presupuestarias, las que determinan en fin el encarecimiento del precio del viaje en contra del vecino, su acceso al sistema y su interés particular. En definitiva, es la sociedad la que pierde, a costa del beneficio de unos pocos que se adueñan de la cosa pública.Queda en manos del intendente Ramón Mestre valorar que su representación se basa en el interés del pueblo soberano y que su deber es defender el patrimonio de los cordobeses y garantizar la prestación de un servicio público fundamental, tal como establece la actual ordenanza de la licitación pública, con transparencia, autoridad moral y sin acuerdos ni arreglos extrajudiciales.Hacerlo de otro modo sería de una irresponsabilidad mayor.

*Ingeniero, especialista en servicios públicos