Inspectores municipales, coimas y la Justicia por detrás

La labor de varios empleados municipales ha quedado más cerca del Código Penal que de las ordenanzas. Esto es así si se tiene en cuenta que cuatro inspectores de la comuna (uno de ellos fue echado en realidad) están siendo juzgados en la Cámara 4ª por el cobro de una coima al encargado de una whiskería del centro de la ciudad de Córdoba y el proceso derivó en un escándalo de tal magnitud que hizo que varios ex funcionarios de medio y alto rango del Palacio 6 de Julio tuvieran que ir a declarar como testigos. El dueño del local nocturno no sólo involucró a los acusados, sino que declaró que estaba "harto" de pagar sobornos a "varios inspectores".Paralelamente, otros dos ex inspectores municipales fueron enviados ayer a juicio, acusados de un delito similar, esta vez en perjuicio supuestamente del dueño de una mueblería. El juicio será el año que viene en la Cámara 6ª del Crimen. Por 100 pesos. En mayo de 2006, el dueño de una whiskería ubicada en Humberto Primero y Sucre llamó a la Policía para denunciar que inspectores de Habilitación de Negocios lo estaban coimeando. Se tramó una emboscada que permitió detener a un inspector cuando se retiraba con 100 pesos en el bolsillo. Se trató de Héctor Ana. La investigación continuó y derivó en la detención de otros tres inspectores: Alejandro Farías, Hugo  Givaudant y Juan José Quevedo. Ana, contratado, fue echado del municipio; no así los otros tres, dos de ellos delegados del Suoem (sindicato de municipales), quienes siguen trabajando en Habilitación de Negocios. Los cuatro llegaron al juicio en libertad. Sólo Ana admitió la culpa y hundió a sus ex camaradas, quienes negaron todo. En los últimos días fue incesante el desfile de ex funcionarios municipales como testigos del juicio, que cuenta con jurados populares. Ayer declaró Enrique Manzur, quien era subdirector del área, cuya declaración dejó bastante que desear dado que no aclaró sobre cómo era el trabajo de los inspectores y no aclaró por qué desaparecieron legajos de los principales acusados, lo que causó indignación en la fiscal Laura Batistelli. Hoy será el turno de Guillermo Marianacci, ex secretario de Gobierno municipal. Días atrás declararon varios testigos que comprometieron a los acusados. Uno de ellos fue el denunciante, quien dijo que estaba "harto de pagar coimas" para que lo dejaran trabajar. Están acusados de exacciones ilegales, delito que prevé una condena efectiva 4 años. Por 2.800 pesos. Dos empleados municipales de Protección Humana fueron enviados a juicio por el fiscal Rubén Caro, acusados de exigir 2.800 pesos de coima al dueño de una mueblería de ruta 20, en la Capital, a cambio de no clausurarle el local. Los acusados son Oscar César Medina y Adriano Bruno Santarelli, quienes están detenidos y serán juzgados por tentativa de extorsión, falsificación de documento público y omisión de deberes de funcionario público. Caro ya había pedido el juzgamiento de ambos. Pero la Cámara de Acusación entendió que la extorsión no se había consumado y remitió todo de nuevo al fiscal, quien varió su parecer y volvió a pedir el proceso. En noviembre de 2009, ambos fueron detenidos supuestamente por haber exigido el pago de una coima porque la mueblería no contaba con suficientes medidas de seguridad. La maniobra fue puesta al descubierto por una cámara oculta del programa ADN .