La comida rápida no sabe bien

“Vísteme despacio, que estoy apurado”, ase­guran que le decía Napoleón a su valet cuando despertaba. A veces, el vértigo, la velocidad, nos hacen incurrir en error. Por lo visto, en este caso, la prematura elevación a juicio ha redundado en meses de dilación, en un litigio innecesario por un incidente que bien podría haberse evitado. El mismo principio podría aplicarse a la comida chatarra o a la justicia express.

No podemos reconstruir lo que sucedió en este caso, pero en Tribunales no son pocos los empleados de las fiscalías que reconocen que, en algunas ocasiones, cuando las actuaciones llegan de la unidad judicial, el jefe les ordena que redacten la elevación a juicio. Una vez que esa requisitoria está lista, recién citan al imputado a indagatoria.

También reconocen en los Tribunales que a los asesores letrados (oficiales) siempre se les respeta el “plazo mínimo” entre la indagatoria y la elevación. La vía expeditiva sólo se toma con algunos abogados particulares.

El defensor necesita de un tiempo prudencial para analizar la prueba que, antes de la indagatoria, le estaba vedada. Es más, por estrategia, el letrado aprovecha este trámite para acceder a las pruebas, por lo que “normalmente” aconsejan negarse a declarar o negar los hechos. Esto no implica que más adelante elijan responder a la requisitoria. Esto sucede, aún, en los juicios orales. Pero si no se le brinda esa posibilidad de ejercicio de la defensa, ni siquiera el fiscal puede saber si el abogado es “diligente” o “negligente” en su respuesta. Es más, en la Justicia federal existe la posibilidad de que el abogado, antes de aceptar la defensa del imputado, pueda acceder al expediente.

Algunas exigencias sociales de justicia rápida no deben avanzar sobre el sagrado derecho de defensa y el respeto de otras garantías fundamentales. Si se los vulnera, se hace más largo el proceso. La velocidad, no siempre redunda en beneficios.