Las vidas cordobesas que se llevó la represión de 2001
Dos personas fueron asesinadas. Sólo hay una causa elevada a juicio, pero sin fecha. Los imputados son tres policías. No figuran funcionarios ni jefes entre los acusados.
David Moreno y Sergio Ferreyra. El paso del tiempo y la impunidad amenazan con volverlos apenas dos nombres más, pese a que simbolizan en Córdoba la represión de 2001. El primero es el más conocido. David tenía 13 años cuando fue acribillado en Villa 9 de Julio, mientras miraba el intento de saqueo a un supermercado. El de Sergio, de 20 años, se conoció después, porque recién cuando murió, el 26 de diciembre de 2002, la familia (tenía ocho hermanos) hizo público que su hijo había sido alcanzado por una posta de plomo durante un intento de saqueo a otro súper en barrio Villa El Libertador, ocurrido el 20 de diciembre del año anterior. Una esquirla habría quedado alojada en su hígado, lo que le causó la muerte un año después. Su caso quedó en la nada. La familia no pudo ser contactada para esta nota. Libres. Tres policías están imputados en la causa por la muerte de Moreno, aunque sólo a Hugo Cánovas Badra se lo acusa por el homicidio. Daniela Adán y Laura Freire están acusadas de falso testimonio. Todos están libres. El tercer fiscal que investigó el caso, Raúl Garzón, pidió la elevación a juicio en febrero de 2009 y ahora la Cámara 1ª del Crimen espera que el Tribunal Superior resuelva un planteo de nulidad presentado por el abogado de Cánovas, Marcelo Argañaraz.La familia de David supo que el chico se había convertido en una de las víctimas de la represión (38, según la Correpi) recién en la madrugada del 20, cuando Rosa, su mamá, lo identificó en la morgue. "Cuando lo comenzamos a buscar, porque no regresaba, nadie nos quería decir lo que había pasado, aunque todos sabían", dice ahora Laura Moreno, la hermana.David había pedido permiso esa tarde para ir a la pileta de un vecino. Su madre se había ido a visitar al padre, que estaba internado. Se cree que David estuvo en una sala de videojuegos y que después se acercó a observar el tumulto que había entorno al súper de Piedra Labrada 8080.Ahí estaban, entre otros, el oficial de Policía Cánovas, junto al cabo Juan Pablo Dragonetti (fallecido pocos años después). Ambos tenían escopetas. Y deberían haber tenido proyectiles antitumulto (AT), con postas de goma, no letales. David y otros vecinos, en cambio, fueron alcanzados por postas de cartuchos de Propósitos Generales, de plomo. Mortales. ¿Quién los disparó?Según la acusación, fue Cánovas. Él lo niega; dice que sólo tenía AT. Su abogado agrega que se le atribuye la responsabilidad porque "se necesitaba un culpable" y cuestiona la investigación. Asegura que no entiende cómo el fiscal Garzón lo acusa, en una causa paralela, de haberle disparado con balas de goma a otro vecino, de apellido Ledesma, y de haberle robado una cadena de oro."Ha sido muy tendenciosa la investigación, tanto la policial como la judicial", dice. "Nadie puede dudar de que una bala policial mató a ese chico, pero no está probado de dónde provino. Había como 30 policías con escopetas. Sólo se basaron en testimonios de otros policías". El jefe. El jefe policial que ordenó el operativo es Luis Omar Farías. Estaba imputado por "violación de los medios de prueba culposo" por no haber custodiado el lugar donde ocurrió el homicidio para permitir una buena investigación. Hace una semana, la familia se enteró de que fue sobreseído por el juez de Control Roberto Cornejo. La abogada querellante, María Elba Martínez, apeló. Farías sólo pagó la multa mínima de 750 pesos (el Código Penal establece como única pena una multa máxima de 12.500 pesos) por su "comportamiento negligente o imprudente" que "permitió la manipulación y supresión de elementos de prueba", según la resolución.La abogada querellante Martínez se queja de la mirada de corto alcance que tuvo la investigación. Se lamenta: "Cuando son decisiones políticas, no son fáciles de perseguir en la justicia…".
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