Una ley inaplicable por vergüenza

La ley de equiparación salarial entre autoridades y funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo con los del Poder Judicial fue aprobada entre Navidad y Año Nuevo de 2005. Se conoció en el Día de los Inocentes, pero no tiene un sólo artículo que denote rasgos de inocencia: lo que establece la ley 9.276 es que las autoridades provinciales y los legisladores deberán ganar tanto como los que más cobran en la estructura del Estado cordobés.

Pese a que de por sí la equiparación es beneficiosa en modo superlativo para los funcionarios y miembros de la Unicameral, además establece la creación de un "adicional por equiparación con el Poder Judicial" que va de 3.900 pesos a 1.500 pesos (en apariencia mensuales, aunque la norma no lo especifica). Esa medida sería comprensible si la equiparación fuera perjudicial, pero resulta casi ofensiva para el sentido común en este caso: es algo así como premio por haber recibido un sustancial aumento.

Nada que la Legislatura apruebe en la última semana de diciembre suele merecer la atención pública. De hecho, la ley fue promulgada sin aspavientos de ningún sector y sigue vigente. Pero como lo que resultaría de su aplicación es tan escandaloso en términos de incrementos de dietas y salarios, ni José Manuel de la Sota ni su sucesor, Juan Schiaretti, se animaron a poner en marcha esa equiparación.

De hecho, ayer el gobernador aceptó públicamente que esa norma debe ser derogada. Puso como ejemplo que si se aplicara, su sueldo saltaría de los actuales 9.366 pesos a 23.328 pesos, que es lo que cobra un vocal del Tribunal Superior. La suba sería del 150 por ciento, y se replicaría en casi todos los cargos del Ejecutivo y el Legislativo, con costos siderales.

Se ve que el gobernador cambió de idea en los últimos meses, porque en diciembre del año pasado -a propuesta del propio Schiaretti- los legisladores dieron paso sustancial en el perfeccionamiento de ese esquema legal que, por suponer beneficios tan exagerados, ahora el Ejecutivo pretende derogar.

Otra vez fue entre Navidad y Año Nuevo: el día 29 aprobaron otra equiparación, la de los jueces y miembros del Poder Judicial provincial con los de la Justicia Federal, con un tope del 90 por ciento. Esa ley sí está vigente: pese a que el igualamiento recién se completará en enero de 2012, ya supuso para los jueces cordobeses un aumento cercano al 15 por ciento.

Demás está decir que ese enganche con la Corte Suprema de Justicia también implicaría nuevos beneficios para funcionarios y legisladores, en caso de que la primera equiparación se hubiera aplicado.

Con una inflación cercana al 30 por ciento anual, no es razonable que las máximas autoridades de la Provincia pasen dos años y medio sin aumentos. Tampoco es serio que cada vez que intenten una suba estalle un escándalo. Pero está claro que las leyes que con tanto sigilo intentaron garantizarles beneficios extraordinarios no son aplicables. Schiaretti lo aceptó. Habrá que ver si los legisladores piensan lo mismo a la hora de levantar la mano para derogarla.