Un desafío a la coherencia política
En 2009, el intendente Daniel Giacomino fue el abanderado de la reducción del gasto salarial. Virginia Guevara.
En 2009, el intendente Daniel Giacomino fue el abanderado de la reducción del gasto salarial. Un conflicto que él mismo hizo estallar tres semanas antes de las últimas elecciones legislativas deparó a los habitantes de Córdoba 150 días con conflictos gremiales.
Semejante pulseada terminó con un efímero recorte de horas extras y adicionales salariales –en diciembre, esos ítems ya habían alcanzado el nivel previo al ajuste de junio– y con una ordenanza que puso tope al gasto salarial. El intendente exigió que los concejales dispusieran que los sueldos no podían insumir más del 60 por ciento de los ingresos, pero a fin de año se encontró con que habían consumido el 65 por ciento.
La solución creativa de Giacomino fue –a la hora de elevar la Cuenta General del Ejercicio 2009 al Tribunal de Cuentas– dejar fuera de la ejecución presupuestaria de 2009 el mes de diciembre, estrategia que ahora le vale cuestionamientos desde los puntos de vista administrativo y judicial.Pero eso es cosa del pasado. El problema de Giacomino es, sobre todo, el presente.
Para 2010, la ordenanza establece un tope del 55 por ciento de los recursos para el gasto salarial, cuando los números oficiales indican que el gasto en el primer semestre ya estuvo por encima del 60 por ciento. Y esto fue antes de que se terminara de blanquear el último aumento a los municipales. En esta coyuntura, el intendente inició esta semana una nueva negociación salarial, en la que el Suoem procurará una suma idéntica al 12,5 por ciento del primer semestre.
Giacomino ya no quiere conflictos con el Suoem; eso está claro. Pero hoy la ordenanza del tope salarial se le volvió un obstáculo insalvable en su relación con el sindicato que comanda Rubén Daniele.
Si el intendente decidiera ahora derogar esa ordenanza –que para 2011 lleva el tope salarial al 50 por ciento de los ingresos–, sería una verdadera afrenta a la coherencia política. Peor es mantener formalmente esa norma y después apelar a jugarretas contables para ocultar su incumplimiento.
