Tres proyectos coincidentes desde la oposición
El Frente Cívico y la UCR coinciden en que para establecer sanciones concretas a faltas éticas es necesario un código.
Para corregir las falencias y agregar otros elementos que sirvan para facilitar el control ciudadano, en los últimos días se presentaron o se rehabilitaron tres proyectos de ley que proponen códigos de ética.
Se trata de iniciativas elaboradas por los legisladores Ricardo Fonseca y Liliana Montero (Frente Cívico), y Rodrigo De Loredo (UCR).
El más antiguo de los tres proyectos es el de Fonseca, que fue presentado en 2004 y recientemente rehabilitado. Propone una ley de “Ética del Funcionario Público” que contiene deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial.
La normativa propuesta crea un régimen para la presentación y control de las declaraciones juradas patrimoniales, y legisla sobre conflicto de intereses, recepción de obsequios a funcionarios, uso de la publicidad oficial y la divulgación de la información pública. También propone crear una “Comisión Provincial de Ética Pública”.
La jefa del bloque del Frente Cívico, Liliana Montero, presentó un proyecto similar, un código de ética que se enmarca en la Ley Nacional de Ética Pública y en la ley nacional que ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Montero reconoce la necesidad de realizar esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados. Y con ese argumento, incluyó en su propuesta sanciones específicas para las faltas éticas.
En tanto, el radical De Loredo propone normas y pautas relacionadas al buen desempeño de todos los funcionarios y describe exigencias y cualidades. Su iniciativa incluye un criterio importante e innovador (en Córdoba) para el uso de la publicidad oficial ya que prohíbe la inclusión de nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos.
El PJ no quiere debatirlos.
