Tras la furia de los choferes, los juicios de las empresas

Quedó en claro la semana pasada, con el estallido de violencia que protagonizó el ala de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que hizo del rechazo a la privatización de Tamse su razón de ser, y con el posterior paro de 60 horas que asestaron todos los choferes, sin previo aviso y en plena conciliación obligatoria.

Otra presión, menos pública pero igualmente amenazante, tiene como protagonistas a las actuales prestatarias del transporte, Coniferal y Ciudad de Córdoba, y discurre por vía judicial: dos demandas por casi 150 millones de pesos contra la Municipalidad de Córdoba, ganadas en todas las instancias y con fallos inminentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Como los paros brutales de UTA, esas demandas también pueden hacer tambalear la licitación que el intendente Ramón Mestre ratificó el jueves pasado.

Los pliegos prevén cuatro prestatarias para la próxima década y sólo se presentaron cuatro oferentes: las actuales concesionarias privadas, el grupo correntino Ersa y Autobuses Santa Fe. Es decir que el proceso en marcha requiere de la continuidad de los cuatro oferentes.

El problema es que ninguna de las empresas puede tener litigios contra el municipio al momento de la adjudicación. Es decir que la gestión de Ramón Mestre tiene menos de tres meses para resolver los juicios que comenzaron a principios de la gestión del exintendente Luis Juez y que suponen un pasivo más gravoso aun que el juicio de la empresa Tecsa, aquella pesada herencia de Germán Kammerath.

La negociación con las concesionarias del transporte comenzó hace meses. Estuvo muy trabada semanas atrás –al punto que Coniferal y Ciudad de Córdoba tardaron en adquirir los pliegos licitatorios– y hoy está avanzada: las partes aguardan ahora una rápida resolución de la Corte. Dan por sentada otra condena al municipio.

Aunque el porcentaje todavía está en discusión, todo indica que Coniferal y Ciudad de Córdoba aceptarán cobrar mayoritariamente en títulos de consolidación municipal. Se trata de los papeles creados por Mestre para el pago de las deudas heredadas, que tienen un plazo máximo de ocho años. Es la opción que el municipio también le ofreció a Tecsa, pero esa empresa hasta ahora no aceptó.

El escenario en que se produce la negociación con Coniferal y Ciudad de Córdoba es diferente: en este caso, si no aceptan los títulos quedarán fuera del negocio. Claro que al mismo tiempo habrá fracasado la licitación del transporte. “Arreglar” es una necesidad mutua de las partes en litigio.

Más allá del modo en que terminen esos juicios, vale recordar cómo comenzaron: en mayo de 2004, los estudios de costos –el mecanismo de redeterminación tarifaria previsto en los contratos de concesión– decían que el boleto de colectivo debía costar 1,10 peso, pero a Juez le pareció caro y fijó un precio político de 95 centavos, sin compensar con subsidios la diferencia.

Los 15 centavos que el exintendente les hizo ahorrar entonces a los usuarios del transporte hoy representan casi 150 millones de pesos, más intereses y costas, que hasta ahora deberemos pagar todos los vecinos. Es casi una metáfora del particular modo en que por años se fueron “resolviendo” los problemas en la ciudad de Córdoba.

Con todo, la licitación es una carrera de obstáculos para Mestre. Si logra pagar los juicios con títulos y convencer a UTA de que la privatización de Tamse no dejará gente en la calle, después todavía deberá demostrarles a los vecinos que el futuro transporte será mejor que el actual.