Temores por el cambio en el foco de atención

Una vez que el Gobierno de Cristina Fernández salió a ejercer presión sobre los asambleístas entrerrianos, con sendas denuncias ante la Justicia penal y civil, algunos líderes de la movida anti pastera parecen ir tomando algunos recaudos; o, al menos, dejando de lado la lucha intransigente y sin remedio.

En rigor, la apuesta del Poder Ejecutivo de intentar acorralar a los piqueteros en los Tribunales parece haber tenido efectos inmediatos.

Uno de los caciques de la primera hora de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, Jorge Fritzler, habló ayer con este cronista y, si bien sigue batiendo el parche con calificativos duros hacia el Gobierno, también desliza que ha llegado el momento de abrir canales de "diálogo".

Entre una avalancha de rumores que circulan en esta ciudad sobre el momento crucial en que la Gendarmería les caerá encima a los piqueteros de Arroyo Verde, trascendió que el Poder Ejecutivo estaría dispuesto a levantar las 18 denuncias penales y civiles contra los ambientalistas a cambio de que ellos den por concluido el bloqueo del paso internacional, que mantienen de manera ininterrumpida desde hace tres años y medio.

"Habría que dialogar, pero es una decisión que tiene que tomar la Asamblea en su conjunto", respondió Fritzler, a quien se menciona de manera extraoficial como uno de los integrantes de la lista de querellados por el Gobierno.

La judicialización de la protesta, por mérito del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak, ha puesto en alerta a los exponentes más mediáticos del grupo de vecinos. Los delitos que se les atribuyen no son para desentenderse del asunto: si la causa avanza en el Juzgado de Concepción del Uruguay y el corte de la ruta no cesa, hasta se les podría dictar la prisión preventiva por delitos penales graves, como homicidio culposo y sedición. En la órbita civil, se pronostican también demandas y embargos en serie sobre los bienes de la mayoría de los dirigentes aludidos en la querella.

Atemorizados algunos y corajudos otros; lo cierto es que en este escenario la avanzada del Gobierno produjo un giro en el foco de atención: por estos días los abogados de la Asamblea no analizan cómo se encarará un monitoreo para determinar el nivel de contaminación de la planta UPM (ex Botnia), sino que se han encerrado en sus oficinas a resolver la situación judicial de los imputados.

Tibios pronunciamiento se escuchan entre esas paredes que son transmitidos luego a los vecinos más belicosos. Hay una constatación que ventilan y que se le pasó por alto a Aníbal Fernández durante aquella puesta en escena del jueves pasado en Casa de Gobierno: el fallo del Tribunal de La Haya no hace mención al bloqueo del puente internacional, como fundamentó el jefe de Gabinete para meter miedo con las acciones judiciales.

Pero son argumentos de relativo vuelo que tiran a rodar los letrados.

¿Puede producirse en las próximas horas un desalojo fogoneado por gendarmes en el campamento de Arroyo Verde? El juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, ya cumplió con el trámite de pedirle a Cristina Fernández que firme un decreto para apurar el trámite y la Presidenta lo suscribió el viernes.

Periodistas agobiados y desorientados por los rumores que cambian en cuestión de horas hacen guardia desde el miércoles en la zona caliente del bloqueo. Pimentel adscribe al cumplimento de resoluciones que datan de 2006 y que ordenaban permitir el libre tránsito en los puentes internacionales.

El Gobierno opina lo mismo. De ahí al desalojo hay un solo paso. No es antojadizo entonces vaticinar que los gendarmes irrumpirán en cualquier momento en el paisaje de la ruta 136.