Sólo está mal cuando lo hace el adversario

"Esto es lo que nos diferencia con el intendente de Córdoba Luis Juez, que está efectivizando a tres mil contratados, la mayoría de los cuales son punteros políticos del Partido Nuevo". La declaración pertenece a Juan Schiaretti, quien la formuló a este diario en febrero de 2007. Él era vicegobernador y hacía minutos que la Legislatura había hecho ley el nuevo escalafón del empleado público, que entre otras cosas establece que a la administración provincial se ingresa por concurso abierto de títulos, antecedentes y oposición. La norma no menciona en ninguno de sus artículos a los contratados, pero sí establece que "todo ciudadano tiene derecho a ingresar en la administración pública previo concurso público". Schiaretti no sólo planea hacer lo mismo que hizo Juez en el municipio –aunque a menor escala relativa, dado que los empleados provinciales son más de 127 mil– sino que incumplió de forma sistemática hasta ahora esa ley, la 9.361, que en febrero próximo cumplirá cuatro años. De hecho, la inmensa mayoría de los contratados que reclaman el pase a planta permanente ingresaron después de la aprobación del nuevo escalafón del empleado público.Si fueran sólo Juez y Schiaretti quienes, a la hora de gobernar una jurisdicción del Estado, optan por ignorar la legislación como si fueran los dueños de esos puestos de trabajo con permanencia garantizada, el problema no sería tan grave. Pero la confusión se extiende desde la comuna más remota al ministerio más poderoso de la Nación, en una práctica sistemática y en este momento desbocada. De hecho, la generación mayoritaria de empleo proviene, precisamente, del Estado, aunque nunca se explique para qué hacen falta más empleados ni cómo se los selecciona.El "pase a planta" representa un obsequio político a los gremios y a los militantes. Las décadas que esos contratados "eventuales" permanecerán en el Estado, y sus posteriores jubilaciones, serán responsabilidad de los contribuyentes.