Una sentencia judicial

Ni más, ni menos. E l pronunciamiento de la Cámara Federal que se conoció ayer dispone la tutela de derechos en una causa judicial. Es ajeno, porque debe serlo, al condicionamiento político con que el Gobierno impregnó la fecha de hoy. No es, por tanto, ningún alzamiento; tampoco una concesión. Cuando las maniobras dilatorias que irritaron a la Corte Suprema recibieron, al fin, un freno en seco, los jueces ejercieron su criterio y dictaron un fallo. Que aplicó el sentido común: la inminencia de una sentencia en la cuestión de fondo transforma a éste en el momento crítico en que una medida cautelar debe desplegar toda su función, para garantizar la eficacia de esa sentencia.Qué otro lenguaje podía esperarse. Antes del relato político, el 7 de diciembre fue siempre la fecha de vencimiento de un plazo judicial. Fue el Gobierno –que anoche analizaba cómo seguir– el que le adjudicó dimensiones míticas. Del polvo que levantó en el poder la inesperada movi­lización ciudadana del 13 de septiembre pasado, nació, primero en un spot , después en un discurso, luego en la acción política; el lodo del 7-D. Resulta casi inverosímil la facilidad con la cual el Gobierno imaginó un artificio distractivo, a partir de esa fecha, en un expediente, y luego concentró su atención en él hasta creerlo no sólo veraz en sus fundamentos, sino también portentoso en sus consecuencias.Quedará para la historia el juicio de lascondiciones de conducción política de quienes abandonaron la gestión de otros asuntos del Estado, para poner el ojo arrobado en las potencialidades ocultas de un recurso pergeñado, originalmente, apenas como un atajo. Los fallos se han hecho para ser acatados y no sería otra la razonabilidad política que debe poner en práctica el Gobierno. Sólo quien se tentara con confundir la fuerza con el poder ­podría transformar el día de hoy en jornada de victorias o de claudicaciones políticas.