Semana de definiciones para el corte

Enviado especial a Gualeguaychú

Mientras el mayor interrogante continúa en torno de cuándo saldrán los gendarmes a escena para desalojar el piquete de Arroyo Verde, la atención se trasladará hoy al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo del juez subrogante Gustavo Pimentel.

El magistrado tiene que notificar a los asambleístas rebeldes de que el corte de la ruta 136 ha ingresado en un marco de ilegalidad al que la Justicia debe poner fin.

Esto obedece a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner refrendó el viernes el decreto que requirió el propio Pimentel para poner en marcha una gestión judicial-burocrática que pretende culminar con el bloqueo que mantienen los asambleístas de Gualeguaychú. Sin embargo, ese paso tribunalicio no tiene todavía fecha de concreción.

"Puede ser hoy, mañana, la semana que viene. No nos han notificado", comentaba en Arroyo Verde uno de los pocos dirigentes que ayer hacía guardia en el lugar, en comunicación telefónica permanente con otros líderes del grupo.

Otra fuente dio cuenta de que el juez Pimentel libraría hoy la notificación a los piqueteros para que desalojen la ruta. El oficio sería entregado por un jefe de la Gendarmería en el mismo campamento, ubicado a 28 kilómetros de Gualeguaychú, en dirección a Fray Bentos, Uruguay.

Al respecto, se cree que el trámite de notificación será encomendado al comandante Carlos Arias, jefe del Escuadrón de Gendarmería con asiento en Gualeguaychú.

Los rumores van y vienen: una fuente policial confió a este diario que una dotación de 300 gendarmes se mantiene alojada, en absoluta reserva, en el Regimiento de Caballería de Tanques 12 del Ejército, ubicado a unos 10 kilómetros del centro de Gualeguaychú, sobre la salida a la ruta 14.

Ayer al mediodía, dos efectivos de la guardia del cuartel negaron a La Voz del Interior esa versión y remitieron cualquier consulta sobre gendarmes al comandante Arias.

La fuente policial había confiado que los gendarmes no pertenecen al batallón de esta ciudad, sino que fueron traídos al cuartel del Ejército desde distintas bases que tiene la fuerza de seguridad en el interior del país. Gendarmería depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Julio Alak, uno de los impulsores, junto al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, de las querellas penales y civiles que presentó el Gobierno contra una veintena de asambleístas.

¿Qué se espera para hoy? Que Pimentel gire la documentación al jefe de gendarmes y que éste notifique a los piqueteros que se agotó el tiempo y que han ingresado en la ilegalidad. A la luz de lo que anticipan los asambleístas anti-Botnia, no se darán por aludidos ni firmarán la notificación. En tal caso, se abriría otra causa por "desobediencia", que se sumaría a las acciones civiles y penales ya en curso desde la semana pasada.

Urgencias. En este escenario confuso, el Gobierno quiere liquidar el pleito para no seguir desairando al presidente de Uruguay, José Mujica, a quien Cristina Fernández le prometió durante la reunión cumbre en la estancia de Anchorena que le iba a encontrar una salida a la intransigencia de los asambleístas. El conflicto, vale recordar, no pudo ser zanjado por su marido Néstor Kirchner cuando era presidente y se peleaba todos los días con el antecesor de Mujica, Tabaré Vázquez.

Para mayor responsabilidad de la mandataria, Mujica espera un cambio de gentilezas por el apoyo que le dio Uruguay a Kirchner para entronarse como secretario de la flamante Unasur (Unión de Naciones Suramericanas).

El otro sector en discordia, el grupo de vecinos que está en contra del corte de la ruta 136 (la mayoría pequeños y medianos comerciantes), ha salido a denunciar "aprietes" de los ambientalistas duros y de militantes de base del sector.

El abogado de los "anticorte", Juan Andrés Drabble, reveló ayer a este diario que la Justicia le puso una custodia policial "de oficio" en su vivienda familiar y que otros referentes del grupo han sufrido escraches en la vía pública y pintadas en sus domicilios con leyendas de alto tono, como "traidores".

"Desde nuestra órbita, ya no tenemos nada para decir. Ahora es la Justicia la que está actuando; aunque queremos que se termine de una vez este corte que perjudica a los dos países", afirmó Drabble.