Un retroceso de alto costo

La comparación es inevitable. El 5 de junio de 2003, el 
expresidente Néstor Kirchner utilizó la cadena nacional 
para iniciar un proceso que le devolvería calidad institucional a la democracia. Con un amplio consenso social y 
político, puso en marcha los mecanismos constitucionales necesarios para desplazar a los miembros de la Corte 
Suprema de Justicia que componían la denominada 
mayoría automática del menemismo.

Amanecía un nuevo y saludable tiempo para las instituciones republicanas. Aquella decisión valiente y acertada nos permitió a los argentinos recuperar la esperanza de que con una Justicia independiente y seria, los derechos de todos estarían garantizados. Era un pilar fundamental para comenzar a emerger de la profunda crisis que por entonces lastimaba al país. Y fue, sin dudas, una de las medallas al mérito que deben reconocérsele al exmandatario. A nueve años y medio de aquel gesto, el gobierno de Cristina Fernández ha decidido desatar otro conflicto de poderes desafiando y enfrentando a la Justicia, pero con una diferencia notable. Los objetivos de esta embestida son totalmente contradictorios con aquellos planteados por Kirchner. Las presiones sobre los jueces, la búsqueda de fallos favorables a cualquier costo, las recusaciones masivas, el desconocimiento de la elogiada independencia de la Corte Suprema, la adjudicación de intenciones golpistas por resoluciones legítimas y privativas de los magistrados, entre otras acciones ejecutadas por el Gobierno, parecen tener una dirección clara.Apuntan a un quiebre faccioso de aquella calidad institucional que se había conseguido. Un conflicto que enfrenta a poderes del Estado, en cualquier sistema democrático, debe resolverse políticamente. Enceguecido como está para justificar las desmesuras de su propio relato, el Gobierno no sólo pretende imponer su voluntad en una causa que alimenta el sentido épico de su autoritarismo. Ahora va contra el control republicano, y eso es ir contra la democracia.