El reino de la discrecionalidad permanente

¿Hacían falta 17 mil empleados públicos más en la Provincia y los municipios cordobeses? ¿Quién los eligió? ¿Qué métodos se usaron para garantizar que fueran ellos, y no otros, los mejores para esos puestos? ¿Y por qué siguen faltando tantas enfermeras en los hospitales públicos si ingresaron miles de nuevos agentes? Ninguna pregunta tiene respuesta. Cuando de empleo público se trata, rige un oscurantismo casi absoluto, en el que las leyes se rinden sin condiciones –y casi sin distinción de jurisdicción– ante el acomodo político. De las muchas deudas pendientes de la democracia, la transparencia del acceso al empleo público tal vez sea la que tiene un saldo más abultado. A excepción de las áreas de Salud y Educación, y de algunos estamentos de la Justicia, donde existe título habilitante y, a veces, también hay concurso previo, detrás de cada designación suele haber un vínculo político o personal con un funcionario público. El engranaje lleva décadas perfeccionándose y el sistema de complicidades jamás se altera: se sobreentiende que quien gobierna puede designar a los suyos, los gremios estatales admiten los contratos temporarios y, trascartón, llega el reclamo del pase a planta sin concurso. O con concursos amañados, donde el puntaje extra por haber sido acomodado antes se vuelve determinante. Nadie se pone colorado: los gremios tienen nuevos afiliados y los gobernantes se van con la tranquilidad de haber dejado a sus militantes a salvo del desempleo hasta el momento mismo de la jubilación. La Municipalidad de Córdoba durante la gestión del ex intendente Luis Juez fue un ejemplo extremo del abuso de este sistema –casi cuatro mil nuevos empleados sin concurso y el récord del 73 por ciento de los ingresos destinados a pagar sueldos– y su sucesor asumió dispuesto a ponerle coto. Daniel Giacomino se autoimpuso una ordenanza que le impide nuevos contratos temporarios que no sean en Salud o Educación. ¿Qué hizo después? Puso a trabajar a particulares monotributistas, de los que hasta ahora no se conoce siquiera un número preciso ni el área de trabajo. ¿Qué pretende ahora el Suoem? Que todos ellos sean contratados. Ya habrá tiempo después para que alguien firme el pase a planta permanente.Si los monotributistas se desempeñaran sólo en las áreas de Salud y Educación, no habría conflicto: podrían ser contratados, porque la ordenanza lo permite. El problema es que hay monotributistas en todas las áreas: desde un largo listado de "locadores de servicios" en la Secretaría Privada del intendente a la nómina de los choferes de los autos en que se movilizan los funcionarios. Y se siguen sumando.Esta semana el conflicto estallará en el Concejo Deliberante, porque el Suoem exige que los ediles que antes votaron la ordenanza que limita los contratos ahora aprueben una excepción para que esa ordenanza pueda ser violada. La pretensión podría sonar absurda en cualquier otro lugar, pero no en la Municipalidad de Córdoba.