La reforma condiciona el debate
Pese a los esfuerzos por localizar el debate público, el intento de perpetuación de la fracción política gobernante en el país atraviesa en estos días –como una divisoria de aguas– los alineamientos partidarios. Edgardo Moreno.
Pese a los esfuerzos por localizar el debate público, el intento de perpetuación de la fracción política gobernante en el país atraviesa en estos días –como una divisoria de aguas– los alineamientos partidarios. Al modo de la amenaza borgeana, estar o no estar con eso se ha tornado en la medida del tiempo para los espacios de referencia política y los liderazgos distritales.
No conseguía el kirchnerismo detener la sangría de su imagen pública, cuando el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela vino a aportarle expectativas. Ansioso de buenas noticias, desactivó el cepo para importar oxígeno caribeño y se imaginó nuevamente en un escenario de largo plazo.
El lejano discurso de la calidad institucional con el cual la Presidenta arribó al poder fue reemplazado por esta nueva versión en la que una jornada electoral sin fraude y sin violencia –la normalidad elemental en una democracia moderna– fue elevada a la quintaesencia de la república, sin ninguna otra consideración sistémica. Para más, el régimen elogiado nació de una enmienda constitucional por vía plebiscitaria con el fin de habilitar la reelección indefinida de los gobernantes.
Por el momento, el Gobierno se ciñe a los dos tercios parlamentarios que con mayor prudencia recomienda la Constitución argentina. Como de eso trata la próxima convocatoria general a las urnas, es difícil que las fuerzas de la política local puedan eludir el nudo gordiano de la elección.
Los sondeos de opinión pública revelan esa percepción ciudadana. Cuando la consulta atañe a los problemas de comezón espontánea, aparecen la inflación, el desempleo, la inseguridad. Pero cuando se pregunta sobre una eventual reforma constitucional, una oposición maciza aparece a lo largo del arco social.
El gobernador de Córdoba ha encontrado allí una herramienta de gestión; así como el silencio fue su aliado, en el primer tramo del actual gobierno, para ocultar hasta el límite de lo posible el destrato dispensado por la Casa Rosada.
La combinación del reclamo de federalismo fiscal y un posicionamiento público adverso al estilo presidencial le han resultado eficaces para la dilución de las controversias locales, en un consenso cuyos mejores arquitectos residen en Balcarce 50.
De la tenacidad del Gobierno nacional por desconocer las particularidades autónomas, el gobernador De la Sota obtuvo, a la fecha, tres unanimidades, otrora impensables: en la denuncia del Pacto Fiscal, en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en el debate del Presupuesto en el Congreso Nacional.
La denuncia del ajuste endosado por la Nación a las provincias, sazonado con la marcha forzada que se pretende imponer hacia un tercer mandato presidencial, se han transformado en una plataforma política.
No por perspicaz, la apuesta temprana deja de ser riesgosa. Las cifras de la ejecución presupuestaria, la incertidumbre sobre la coparticipación, la mirada ácida de las calificadoras de riesgo sobre las finanzas de todas las provincias y el contragolpe de la caja kirchnerista en las intendencias marcan una delgada línea roja. El umbral donde los números suelen despeñar las ambiciones.
Mientras tanto, la política adversativa se debate en la incomodidad para instalar sus objeciones a la gestión provincial. Cada observación termina pasteurizada en la ebullición del conflicto Nación-Provincia.
Visto desde la dinámica del sistema de partidos, tampoco configuraría una novedad. Tan sólo el modo en el que se estaría desarrollando, aquí y ahora, la veterana inclinación del peronismo por resolver sus diferencias de familia en la asamblea general del consorcio.
Pero la oposición no ha explorado todavía eludir los pruritos de un pronunciamiento conjunto en defensa de la alternancia que consagra la Constitución nacional. Hacer explícito el acuerdo sobre esas premisas en el renglón inicial de la próxima agenda legislativa, tal vez, le despejaría, al pensamiento opositor, el camino para marcar las disidencias con cada gestión local. Diferencias que, por cierto, son necesarias. Incluso en una gira de promoción turística es menester cruzar un ojo avizor.
Diríase, malversando a Cummings: nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan pequeñas.

