Rechazan nuevo pedido de EE.UU. por el avión confiscado
La Aduana Argentina dijo que retendrá el cargamento incautado, hasta que termine la investigación.
La Argentina desoyó hoy un nuevo pedido de Estados Unidos sobre el material que se confiscó del avión militar estadounidense en febrero y aclaró que retendrá el cargamento hasta que termine la investigación por una supuesta infracción a las normas aduaneras.
Según pudo averiguar DyN, la Aduana tiene un plazo de hasta cinco años para definir si los funcionarios estadounidenses realmente cometieron una infracción al intentar ingresar al país equipos y psicotrópicos.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser, reclamó al gobierno argentino que "devuelva" los elementos incautados y reconoció que la situación "ha generado algunas restricciones en la interacción con las Fuerzas Armadas argentinas".
Voceros de la Aduana confirmaron a esta agencia que continuará confiscado el material que se retuvo del avión militar estadounidense que fue requisado en Ezeiza, en el marco de su arribo para un programa de capacitación a fuerzas de seguridad locales.
Explicaron además que existe un plazo de hasta cinco años para definir la investigación que llevan adelante por una supuesta infracción a las normas aduaneras y que los pertrechos se retendrán hasta que finalice ese proceso.
Funcionarios de la Aduana tratan de determinar si los medicamentos incautados están efectivamente vencidos, tal cual lo indicarían sus etiquetas, o si en realidad estaban en condiciones de ser consumidos.
De acuerdo a lo que pudo establecer DyN, la Aduana podría disponer la destrucción de los psicotrópicos y drogas legales, en caso de estar efectivamente inhabilitadas para consumo humano, puesto que la ley local no permite la exportación de medicamentos en esas condiciones.
Las normas aduaneras prevén ante casos de incautaciones que la autoridad puede disponer la destrucción de los materiales, donación, o su devolución y para ello el organismo tiene hasta 5 años para expedirse.
Las autoridades locales desoyeron así un nuevo reclamo del gobierno de Estados Unidos, que esta vez se planteó a través del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser.
"El gobierno argentino sigue reteniendo esos equipos a pesar de que un juez declaró que no era un problema aduanero y no había una violación de leyes. Así que esperamos que el gobierno argentino devuelva esos equipos", aseveró Fraser durante una entrevista con la cadena televisiva estadounidense CNN.
Fraser, que aclaró que "las relaciones" con la Argentina "siguen siendo positivas", admitió que el tema de los equipos y pertrechos retenidos "ha generado algunas restricciones en la interacción con las Fuerzas Armadas argentinas".
La autoridad militar estadounidense en la región reiteró que los cursos que se iban a realizar en la Argentina "fueron aprobados con alteración". "Nosotros declaramos todos los elementos, no de manera específica, pero de acuerdo con las prácticas previas con el gobierno argentino", manifestó Fraser.
El general de los Estados Unidos reconoció que "sorprendió" la decisión del gobierno argentino de retener el material y recordó que se está trabajando con las autoridades locales "para que los equipos sean devueltos a los Estados Unidos".
El cargamento constituido por equipos de comunicación, armas y drogas fue retenido por la Aduana el pasado 10 de febrero en Ezeiza por no contar con toda la declaración en regla.
Tal hecho constituye una infracción, es decir, un incumplimiento mucho menor que el contrabando, figura que es calificada de delito.
El mes pasado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anticipó que la próxima vez que se encuentre personalmente con su par argentina Cristina Fernández le reclamará el material militar y calificó de "serio" el caso.
El operativo que se hizo en el avión de la Fuerza Aérea estadounidense en el aeropuerto de Ezeiza fue encabezado por el canciller Héctor Timerman, en una muestra de la importancia que se le otorgó al episodio de la presencia de material militar y de salud, que según la Casa Rosada no figuraba en la lista previamente remitida por Washington.
El caso terminó en la Justicia pero luego el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky resolvió cerrar el expediente porque entendió no se había cometido delito.

