Punto final para la protesta previsional

A  poco más de tres meses de que el gobernador José Manuel de la Sota consiguiera sancionar de arrebato la ley provincial de ajuste previsional, probablemente hoy los gremios estatales decreten el punto final de la protesta sindical.

Tras la sanción, el 8 de agosto pasado, de la ley que difiere por seis meses el pago de los aumentos a los jubilados, los estatales pasaron por diversas instancias en su intento por anular la reforma jubilatoria.

Desde multitudinarias marchas hasta una presentación judicial ante el Tribunal Superior que derivó en graves incidentes, pasando por una tregua con el Gobierno y la rotunda negativa del titular de la Anses, Diego Bossio, ante el pedido de dirigentes K de un nuevo convenio para paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

Los sindicalistas fracasaron en la meta de máxima de derogar la ley, alternativa que estaba atada a un resultado positivo de la audiencia en la Corte Suprema de Justicia, entre la Nación y la Provincia.

Como única conquista obtuvieron un acuerdo con De la Sota para dejar sin efecto la aplicación del artículo siete de la ley, que le otorga al Ejecutivo la facultad de modificar los porcentajes de aportes personales y patronales. La vigencia de esa prerrogativa impactaría directamente sobre el cálculo del haber inicial de las jubilaciones, advierten todos los dirigentes.

Los sindicatos estatales fijaron para hoy una nueva reunión para acordar un final airoso para el desafiante plan de lucha que lanzaron apenas se sancionó la ley, entre gallos y medianoche.

La idea que manejan los dos principales gremios –el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC)– es realizar una protesta de los cuerpos orgánicos el día que se trate en la Legislatura el proyecto de presupuesto provincial. La iniciativa se aprobaría en primera lectura el miércoles 21, al día siguiente del paro nacional con movilización que impulsan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) opositora que conduce Pablo Micheli y la Confederación General del Trabajo (CGT), del también opositor Hugo Moyano.

Luz y Fuerza de Córdoba, que timonea el kirchnerista Juan Leyría –el gremio más opositor al Gobierno– también acordaría con el criterio del SEP y la UEPC. Entre otras razones, porque el sindicato se encuentra inmerso en la campaña electoral para las elecciones de renovación de autoridades, convocadas para el 7 de diciembre.

Trascendió que la Unión de Personal Superior (UPS), que preside Domingo Ovando, sugeriría una protesta contra el Tribunal Superior de Justicia para reclamar que se expida sobre la acción de inconstitucionalidad planteada contra la reforma jubilatoria, que presentaron los estatales el 23 de agosto.

Desde otros gremios relativizan el resultado que podría tener esa acción. Descuentan, por lo bajo, que el máximo tribunal provincial rechazará el planteo gremial, entre otros motivos, porque De la Sota terminó por otorgarles a los jueces provinciales la equiparación salarial con los federales.