El próximo intendente deberá anunciar en abril su Plan de Metas de Gobierno

El candidato que resulte elegido el próximo 18 de septiembre para suceder a Daniel Giacomino como intendente de Córdoba debutará en su gestión con una herramienta novedosa: deberá presentar a la ciudadanía, a cuatro meses de su asunción, un detallado plan de gobierno y de metas de gestión para ejecutar a lo largo de cuatro años. Eso es lo que estipula un proyecto que el Concejo convertirá en ordenanza en su sesión ordinaria del próximo jueves 26, y que ayer recibió el espaldarazo final que esperaba en la Comisión de Legislación General del cuerpo.La iniciativa fue propuesta en octubre pasado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, replicando a nivel local una experiencia en marcha en la ciudad brasileña de San Pablo. Consiste en fijar por ordenanza la obligación para el intendente de establecer un Plan de Metas de Gobierno, con objetivos y acciones concretas, cuyo nivel de ejecución pueda ser monitoreado hasta por la propia sociedad civil. El intendente deberá presentar un informe anual, cada 10 de marzo, explicando el grado de avance de sus propuestas. Luego esa rendición de cuentas será sometida a evaluación en audiencia pública.En la referida Comisión, los concejales acordaron ayer los tres puntos centrales de los distintos despachos en los que tenían divergencias. Fijaron el plazo para presentar el Plan de Metas en 120 días corridos desde la asunción, con la posibilidad de que el Ejecutivo active una prórroga por otros 30 días. También dispusieron que el Concejo será órgano de control de ese proceso y que se considerará "seria irregularidad" el hecho de que el intendente no presente el Plan de Metas o la rendición de cuentas, como así también que el Concejo no convoque a audiencias públicas para debatir la marcha del Plan.Inesperadamente, surgieron diferencias entre los bloques que imposibilitaron llegar a un consenso total, por lo cual hubo dos despachos. El de minoría fue suscripto por el Frente Cívico (juecismo) y el Frente Progresista (vicentismo); todas las demás bancadas firmaron la versión mayoritaria.La discrepancia se generó a partir de la incorporación o no de la obligatoriedad del Concejo de convocar a organizaciones intermedias para hacer una evaluación y seguimiento del Plan de Metas. Juecistas y vicentistas reclamaban esa precisión, mientras que el resto consideró que no era necesario, ya que la participación ciudadana ya está contemplada en la Carta Orgánica.Por su lado, Pamela Cáceres, referente de Nuestra Córdoba valoró que la norma finalmente salga, y la consideró "un gran avance" en materia de participación ciudadana. "Lo importante es que se fijará la obligación de presentar un Plan y también de rendir cuentas por su ejecución. Más allá de las reformas que hubo, creo que se preservó el espíritu de la iniciativa que presentamos. Estamos muy conformes", opinó.