Presos a la deriva

El 27 de mayo pasado, la ministra de Justicia de la Provincia, Graciela Chayep, informó al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Luis Roberto Rueda, que, desde el 1° de julio, el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) dejará de trasladar a los detenidos por causas federales. La drástica decisión del gobierno de José Manuel de la Sota afectará, sin dudas, el servicio de justicia en el ámbito federal. La ministra hizo la salvedad de que el SPC continuará con el traslado de todos los imputados en causas por delitos de lesa humanidad, lo que de manera alguna fue un "alivio" para los miembros de la Cámara Federal, los que el jueves expondrán su postura a través de una acordada, en este nuevo capítulo del enfrentamiento Nación-Córdoba.Bastaron dos horas de recorrer despachos de la Justicia Federal para comprobar que la decisión provincial dividió aguas entre los que –por mayoría– no están de acuerdo y quienes respaldan la decisión de la funcionaria delasotista.El problema mayor lo enfrenta la Cámara Federal, en especial su presidente, quien se destaca por ser una suerte de embajador, de diplomático, que sabe mantener relaciones con políticos de cualquier bando, sin que ello signifique un impedimento para la resolución de causas complejas. Pero lo que está en juego ahora es un nuevo round de la pelea Cristina Fernández de Kirchner-De la Sota.A nadie se le escapa que la reacción oficial, a cargo de la ministra Chayep, se debe al ataque iniciado desde la Procuraduría de la Nación contra el SPC, cuando un "enviado" –Abel Córdoba, el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional– se presentó en la Penitenciaría y, al parecer sin ningún tipo de atribuciones, allanó el penal y secuestró siete cadenas utilizadas para inmovilizar internos en el hospital del establecimiento carcelario.Desde entonces, hubo amparos y decisiones de impedir la utilización de esas cadenas en las cárceles y en el traslado de los presos federales. En paralelo, la fiscal Graciela López de Filoñuk se hizo cargo de la denuncia por tormentos con esos elementos de sujeción formulada por el representante de la Procuraduría.Frente a esta ofensiva, Chayep lanzó la contraofensiva: "La Nación tiene una deuda enorme con el Servicio Penitenciario y hasta dejó de pagar los seguros contra daños a terceros durante los traslados. Ahora, la Justicia Federal objeta el uso de cadenas en esos trayectos, cuando a nosotros la praxis nos indica que ese medio de sujeción produce menos lesiones que las esposas", dijo el lunes a este diario.Lo que nadie dijo aún es que el convenio entre la Provincia y la Nación, relativo a los presos federales, está vencido. Como no se ha vuelto a firmar, no está vigente. Sin embargo, los casi 500 presos federales siguen alojados y reciben alimentos en cárceles cordobesas. Desde la óptica federal, el convenio no sólo está vencido, sino que nunca contempló el traslado de presos, que desde siempre realizó personal penitenciario provincial como parte de una práctica ya institucionalizada. En Tribunales Federales recalcan que esa circunstancia limita, por ejemplo, la vía del amparo a la Provincia. Los que sí se aprestarían a presentarlos –se aguarda un "aluvión" de amparos– son el Colegio de Abogados y los familiares de los presos. Quienes más esperan estas presentaciones son los miembros de la Cámara Federal, sobre todo para respaldar la decisión que se conocerá mañana y cuyo resultado podría afectar la relación Justicia Federal-Provincia. Esto daría pie a una solución "salomónica" del entredicho.