La política perdida entre la Patria y el entrevero

La Patria serán los otros, el 25 de Mayo es nuestro. Adaptada 
ahora según las necesidades de campaña, aquella frase benevolente que ensayó la Presidenta en sus tiempos de conmoción por la asunción de un papa argentino habrá de servirle al Gobierno esta semana para movilizar a sus adherentes en el intento por remontar desprestigio en el que deriva desde hace meses.

En rigor, los actos de 
campaña comenzaron antes, desde la convocatoria a 
elecciones. Ocurrieron en universidades que se han mostrado propensas a 
alquilar sus ínfulas autonómicas para la más cómoda economía de transformar 
interrogantes en aplausos.

Después de todo, las
ínfulas eran un símbolo de poder en la indumentaria de las vestales, las sacerdotisas castas de la
antigua Roma que custodiaban el fuego de los dioses. Y Cristina, a 
propósito del respeto debido al ardor sacro de la Constitución Nacional, acaba de espetar a sus intelectuales que ya no quedan vírgenes en el país. Ni dentro, ni fuera del Estado bajo su mando. Abarcándose –con tono discepoliano– en el manoseo de ese mismo lodo. Otra perla para la fase Báez del modelo de inclusión.

Pero el eco de los discursos de campaña sonó lejano y débil ante un par de incomodidades que le plantaron a la Casa Rosada en el jardín.

El caso más grave de 
corrupción que azota en 
estos días al Gobierno acaba de proveer una nueva revelación molesta. El contador asignado a la administración de un hotel de la familia Kirchner –a la sazón también a cargo de la contabilidad del empresario Lázaro Báez– apareció en Uruguay en los registros de propiedad
inmobiliaria de unos campos valuados en 14 millones de dólares. Daniel Pérez Gadín fue señalado como el afortunado monotributista beneficiario en la transferencia de una estancia cuyo nombre no podría ser más emblemático: El Entrevero.

Sucede que esta información fue difundida por un diario uruguayo, mientras el kirchnerismo aprestaba una falange de veedores para
intervenir el Grupo Clarín. Como para acreditar una 
genuina tradición argentina: toda censura encuentra problemas cuando algún curioso enciende Radio Colonia.

Mientras el oficialismo buscaba la brújula, en dos distritos, gobernantes de 
diferente extracción política decidieron recordar que la prerrogativa de censurar ideas nunca fue facultad 
delegada a las autoridades de la Nación, ni en los pactos que precedieron a su existencia.

La mejor ley de prensa es la que no existe, pero el país ha sido empujado a la necesidad de ratificar por decretos que la libertad de pensar y expresarse es un derecho que también asiste a los argentinos. Es cierto que si la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiese zanjado la 
inconstitucionalidad de la ley de medios escrita para la mordaza con nombre y 
apellido, no existirían estos nuevos litigios en los que se 
dispersa la función legislativa para el resguardo de 
derechos civiles.

No menos verdadera es la embestida contra las puertas del más Alto Tribunal del país, desafiado ahora a 
probar con hechos su prédica en defensa de la norma 
fundante de la legalidad en la Argentina.

No sólo el Gobierno, 
también alguna política 
adversativa parece aturdida por el extravío.

Hay allí quienes proponen la integración enteramente oficialista del nuevo Consejo de la Magistratura por la vía de la abstención de todos los opositores. Ni Justicia 
Legítima estaba pidiendo tanto.

Otros, como el gobernador de Buenos Aires, siempre al límite entre la lealtad y la
obsecuencia, están de pronto observándose en el incipiente lote de rezagados en prestigio. Mientras, en la intendencia de Tigre, un silente
bonaerense envía chanzas 
cifradas al cordobés del Palacio 6 de Julio imaginando una fórmula compartida
para el año 2015.

Pero los trabajos y los días también pueden ser minucias. Bien que, a todos, una muerte infame les vino a 
recordar el rostro del más 
reciente período sin las libertades proclamadas, hace más de dos siglos, en una fría 
semana como esta.

Treinta años prodigó la democracia para conquistar ese acto simple, de elemental justicia: que un dictador atroz muera en su celda.