Polémica por los anuncios sobre cambios en seguridad
Los legisladores opositores reclamaron un debate y un tratamiento integral del tema. Los parlamentarios oficialistas prefirieron no adelantar opinión sobre la problemática.
El anuncio del Gobierno provincial de impulsar una nueva ley de Seguridad Pública o hacer profundas modificaciones de la que está vigente, reavivó el debate político entre oficialismo y oposición. En Córdoba, las cuestiones relacionadas a las políticas de seguridad están enmarcadas en la ley provincial 9.235, sancionada en 2005, durante el segundo mandato del actual gobernador José Manuel de la Sota.El ministro de Seguridad, Alejo Paredes, anunció el miércoles pasado que para febrero próximo habrá una nueva normativa sobre la que evitó dar mayores precisiones, excepto que se creará un Observatorio del Delito y la Violencia.Conocido el adelanto oficial, La Voz del Interior consultó sobre el tema a los distintos bloques que conforman la Legislatura provincial. Todos los legisladores consultados opinaron, a excepción de los oficialistas de Unión por Córdoba, quienes prefirieron no adelantar postura.La titular del bloque del Frente Cívico, Liliana Montero, dijo que durante la última campaña electoral su partido propuso la creación de un Observatorio del Delito y la Violencia Social, tal como lo dio a conocer el ministro Paredes. Pero, con la diferencia de que debería ser un organismo no sólo independiente de las fuerzas de seguridad si no que también del "poder político"."La característica de un observatorio de este tipo es su independencia del poder político, por eso están conformados por universidades, centros de estudios especializados y organismos de derechos humanos, además del Estado por supuesto", precisó y dio ejemplos tales como el Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa).Montero propuso además que el tratamiento de la cuestión debe ser "integral" y "multidisciplinario", tomando en cuenta "la percepción de la sociedad por parte de los ciudadanos". Por su parte, el radical Luis Brower de Koning destacó la necesidad de lograr "consensos" y "un debate profundo". "Probablemente el cambio en la cúpula policial no es sólo una modificación de personas y esté relacionado a estas modificaciones", estimó el legislador.En ese marco, destacó que la discusión sobre la seguridad "es una cuestión muy seria" y postuló que en distintas encuestas de opinión "la gente expresa su preocupación" sobre el tema.En tanto, el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) aseguró: "Los problemas de inseguridad se resuelven con decisión política. En Córdoba no hay política en contra del crimen organizado. Si existen medidas para los delitos menores. La Policía no tiene un plan para enfrentar el crimen organizado. No necesita otra ley de seguridad, se necesita de decisión política para luchar contra el gran delito". Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Liliana Olivero, opinó que el anuncio de Paredes se trata de "una cortina de humo". "Esto es una profundización del modelo ideológico fascista que tiene el gobernador y que quedó demostrado que fue un fracaso porque no disminuyó la inseguridad en Córdoba ni los actos de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad", cuestionó.Por ello planteó que "cualquier ley de seguridad debe surgir de los vecinos o de las organizaciones no gubernamentales" ya que para ella "son quienes conocen el problema y las soluciones. En la medida que los teóricos sigan siendo el Manhattan Institute y la teoría de (Juan Carlos) Blumberg, vamos por mal camino", dijo Olivero.
El peso de la mayoría
Discusión acotada. Si bien los legisladores opositores consideran "positivo" reinstalar en la Legislatura el debate sobre las medidas de seguridad, en los parlamentarios existe el temor de que la gestión delasotista utilice la amplia mayoría que goza en la Unicameral para imponer una ley que ya vendrá redactada desde el Centro Cívico. Es llamativo el silencio del oficialismo.
