A pesar de la imputación, Arduh sería vice
El legislador que asumirá hoy está involucrado en dos casos en la megaestafa al Registro de la Propiedad. La UCR lo propuso para la vicepresidencia 2º y el PJ le daría sus votos.
La nueva conformación de la Legislatura provincial comenzará hoy su gestión con una decisión polémica. En la sesión preparatoria, en la que el Poder Legislativo designará a sus nuevas autoridades, el bloque de la UCR propondrá el nombramiento del parlamentario mestrista Orlando Arduh en el cargo de vicepresidente segundo del cuerpo. Y, según voceros delasotistas, el oficialismo, que tendrá los votos suficientes como para definir la cuestión, lo aceptaría.La polémica radica en que, desde hace varios meses, en el marco de la investigación judicial por la megaestafa al Registro de la Propiedad, Arduh está imputado de "supresión, adulteración y falsificación de instrumento público y falsedad ideológica". Al legislador electo, ex cuñado del intendente electo Ramón Mestre, se le adjudican irregularidades en dos operaciones fallidas de compra de terrenos. Aunque Arduh nunca firmó documentos, en la investigación es mencionado por algunos testigos por supuestas gestiones ante escribanías, según informaron fuentes judiciales.En varias entrevistas con este diario, Arduh insistió en que no tuvo participación en estafas y sólo reconoció que un conocido le había propuesto la compra de los terrenos en cuestión.Si bien no hay impedimentos legales para que un legislador electo asuma y permanezca en su banca, a pesar de estar imputado de un delito ("toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", argumentan los legisladores), la condición de sospechado puede no ser propicia para ejercer el quinto cargo en importancia en el Poder Legislativo provincial. En contra. Tanto es así que, anoche, consultados al respecto, voceros del bloque del Frente Cívico y de las dos bancadas unipersonales que por ahora conformarán la Cámara, adelantaron que no acompañarán la designación de Arduh. Roberto Birri, presidente del bloque juecista, dijo que iban a esperar la proposición oficial de Arduh; pero adelantó que si se concreta, seguramente se opondrán. "Si advertimos que este legislador electo está sometido a proceso, no vamos a acompañar su designación. No es un tema personal con Arduh, sino una cuestión ética: no puede esta Cámara tener una autoridad imputada de delitos".Birri citó como ejemplo el caso de su ex compañero de bancada Augusto Varas, quien también ocupaba la vicepresidencia segunda de la Cámara y dejó el cargo y el Parlamento apenas fue imputado.En la oposición no descartan que la casi segura designación termine siendo fruto de un acuerdo político entre radicales y peronistas. Los que abonan esta teoría recuerdan la polémica designación del actual defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara, dirigente radical con aceitados contactos con funcionarios justicialistas. Apartó al fiscal. Más allá de la polémica, Arduh recibió ayer una buena noticia en los Tribunales provinciales, ya que logró apartar de sus causas al fiscal que lo había imputado, Enrique Gavier. La decisión fue adoptada por el juez de Control Nº7, Esteban Díaz, y ahora será la Fiscalía General la que decida quién toma el expediente. Todo comenzó con un pedido de autorización de Arduh para cambiar sus abogados: inicialmente era asistido por Ezequiel Mallía y Facundo Zapiola, pero solicitó ser defendido por Ernesto José Gavier –pariente del fiscal– y Ernesto Alfredo Gavier, de igual apellido pero sin parentesco. El fiscal Gavier había resistido su apartamiento pero Arduh apeló y el juez Díaz resolvió que debe primar la garantía de la defensa en juicio.
Juran los legisladores
Hoy, a las 10, en el recinto de la Unicameral, jurarán los legisladores y los tribunos de Cuentas que resultaron elegidos en los comicios del 7 de agosto pasado. En esta sesión preparatoria se designarán autoridades de la Cámara, de las secretarías y de los bloques partidarios.
La imputación
Calificación. El legislador electo Orlando Arduh (UCR) está imputado de supresión, adulteración y falsificación de instrumento público y falsedad ideológica en hechos que involucran operaciones con dos campos de Jesús María, valuados en U 8 millones, y con otro ubicado en el ejido de Córdoba (U 700 mil).
