Otra maniobra del Grupo Vila-Manzano contra Cablevisión

Pese a los numerosos fallos judiciales que impugnaron el allanamiento y la intervención a Cablevisión, las maniobras del grupo oficialista Vila-Manzano para lograr alguna injerencia en la empresa no se detienen. Ayer viajaron a Buenos Aires el coadministrador de Cablevisión, Enrique Anzoize, y su abogado, Ricardo Mastronardi, ambos denunciados penalmente por sus vínculos con el grupo mendocino. Lo hicieron después que la Cámara Federal mendocina – organismo cuestionado, con sus jueces desplazados y que funciona con subrogantes – rechazara una apelación de Cablevisión, y pese a que esta empresa interpuso un recurso de nulidad. Mastronardi tiene fuertes vínculos con Vila-Manzano, que se benefició con la privatización del Banco de Mendoza, del cual Mastronardi fue su director. Mastronardi y Anzoize están denunciados ante la Justicia, al igual que Alessio Aguirre, el espía que trató de obtener datos sensibles durante el allanamiento del 20 de diciembre. Aguirre debe declarar hoy ante la fiscal porteña Marcela Solano, quien pretende determinar cuál fue su rol en el allanamiento. Esa citación va en la misma línea que el reciente fallo del juez federal Claudio Bonadío, quien sostuvo que la intervención de Cablevisión fue ilegal, lo mismo que la actuación de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, al usar la Gendarmería. También el juez de Salta Miguel Medina estableció que el juez mendocino Bento no podía seguir en la causa. Pero el grupo Vila-Manzano, en sintonía con el Gobierno, insiste en su meta de desguazar la compañía, con la ayuda de la justicia federal de Mendoza, provincia donde Cablevisión no opera. Este fuero atraviesa una crisis institucional y enfrenta varios pedidos de juicio político por sus vínculos con Vila-Manzano y el Gobierno. La actuación del fuero mendocino en el caso Cablevisión desobedece expresos fallos de la Justicia Federal Nacional, y la Justicia Federal de Salta. Ambas dejaron clara la incompetencia del fuero mendocino y establecieron que el allanamiento de diciembre fue irregular e ilegítimo. Aun así, se siguen intentando este tipo de maniobras para obstaculizar los derechos que tiene Cablevisión a tener un juez natural, a la defensa en juicio y al ejercicio de una industria lícita.