Otra campaña con dineros sin control

Buena parte de la mirada de esta breve pero intensa campaña electoral cordobesa se posará en el mecanismo electoral: la novedosa boleta única junto con otras modificaciones al sistema de votación, que está haciendo que el Estado, los partidos y varios actores sociales se ocupen de generar conciencia sobre la nueva manera de sufragar. Pero habrá una parte de la campaña que corre el riesgo de quedar en ese inmenso cono de sombra en el que se viene moviendo históricamente: los gastos partidarios. Vale insistir, antes de que se lance con toda intensidad la actividad proselitista, en que fueron suspendidos varios artículos destinados a dar transparencia a esos dineros, por lo general carentes de control y embriones de la corrupción.Hubo una decisión política de tender mantos de impunidad en el manejo varias veces millonario de dinero que habrá en las próximas semanas en Córdoba, con una reforma electoral que regirá en forma parcial y contradictoria. Por caso, la ley impone claramente topes a las erogaciones que pueden hacer los partidos, pero los habilita a que terceros (fundaciones, ONG, empresas, particulares) hagan contrataciones de promoción de candidatos. ¿Está la Justicia en condiciones de monitorear, auditar y, eventualmente, sancionar este tipo de manejos? En elecciones anteriores –por caso, la campaña de Juan Schiare-tti financiada por una asociación civil–, pese a las advertencias periodísticas sobre esa gambeta a las normas, el Juzgado Electoral no hizo absolutamente nada.En otras jurisdicciones –por ejemplo, comicios nacionales–, hay normas bastante estrictas sobre el manejo de fondos de campaña, que sin embargo terminan gastándose casi sin controles.Los dineros que se manejan en las campañas electorales son, en general, origen o corolario de procesos de corrupción. Córdoba está a punto de dar un salto de calidad en su sistema de votación, pero habrá que ver si lo da también en transparencia.El otro interrogante es si el Gobierno provincial cumplirá con la prohibición de hacer publicidad un mes antes de la elección (desde el 7 de julio) y de realizar inauguraciones de obras dos semanas antes (desde el 22 de julio).Los actos oficiales de cortes de cinta que se vienen haciendo, como el de ayer de la ampliación del bulevar Chacabuco, se enmarcan en la idea de apuntalar la campaña oficialista con esas inauguraciones. Y hay muchas en carpeta.La Justicia avisó que va a controlar de manera estricta. La promesa no alcanza para despejar las dudas.