Ordenaron peritajes para determinar el uso de los subsidios

Buenos Aires. La investigación de la tragedia ferroviaria de Once puede tomar un viraje imprevisto que, de profundizarse, podría alcanzar a funcionarios nacionales presuntamente responsables, a partir de la orden de la Justicia de realizar un peritaje contable sobre la empresa concesionaria del servicio. Hasta ayer, el juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa, sólo había ordenado la realización de pericias técnicas sobre el tren que el 22 de febrero chocó en la estación Once con un saldo de 51 personas muertas y otras 700 heridas, y tenía como único imputado al maquinista, Marcos Córdoba.Pero en las últimas horas y según fuentes judiciales, Bonadío dispuso peritajes contables para determinar la relación entre "los subsidios y las tarifas percibidas" por Trenes de Buenos Aires (TBA) y las inversiones que esa empresa de los hermanos Cirigliano hacía en el mantenimiento y funcionamiento del ex ferrocarril Sarmiento del que es concesionaria.Las fuentes precisaron que en su orden Bonadío estableció una veintena de puntos de pericia contable que harán expertos del cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia, a los que podrán sumarse peritos de las partes.De este modo, Bonadío reorienta la investigación en el mismo sentido que, a poco de sucedida la tragedia, lo había solicitado el fiscal de la causa, Federico Delgado, con base en tres informes elaborados en los últimos ocho años por la Auditoría General de la Nación (AGN). Aflojar tensiones. La medida del juez podría recomponer la relación tensa que mantiene con el fiscal en esta investigación. Durante esta semana, Delgado le envió dos escritos a Bonadío en los que lo acusa de esconderle el expediente, ocultarle sus resoluciones e impedirle cumplir con su "rol de acusador", de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución. En uno de esos escritos, el fiscal le exigió "la remisión de la causa por el término de un día para poder compulsarla adecuadamente y extraer fotocopias de las partes pertinentes para su estudio". También le reclamó que lo notifique "con la antelación y la prioridad que exige el caso, de las medidas y actos procesales que ordene en la causa".Durante las dos semanas siguientes a la tragedia, Bonadío, además de imputar al maquinista Córdoba por presunto estrago doloso, aceptó como parte querellante al Estado nacional. Pero al mismo tiempo, el lunes pasado, prohibió la salida del país de los hermanos Cirigliano, como también del ahora ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Eduardo Sícaro, entre una decena de personas.El Gobierno nacional, a su vez, decidió la intervención de TBA una semana después de la tragedia. La intervención por 15 días siguió al mismo plazo que, el 27 de febrero, la Presidenta le pidió a la Justicia para que llegara a conclusiones preliminares a fin de "actuar en consecuencia". Pero el lunes pasado, Cristina Fernández adoptó la primera decisión política relacionada con la tragedia: le pidió la renuncia a Schiavi y en su lugar designó al hasta entonces intendente de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos. Aun así, el ministro de Planificación, Julio De Vido, reivindicó la gestión de Schiavi y ratificó la continuidad de la política ferroviaria y de transporte en general.

Datos

Acusación. El fiscal Delgado había acusado al juez Bonadío de esconderle el expediente abierto por la tragedia de Once, con lo cual le impedía ejercer el "rol de acusador".

La nueva medida ordenada por Bonadío podría contribuir para que se aflojen las tensiones entre ambos magistrados.

Peritaje contable. La última disposición de Bonadío estableció que se realicen peritajes contables que serán realizados por integrantes del cuerpo de contadores públicos de la Corte Suprema de Justicia.

De todo esto se desprende que el magistrado a cargo de la causa reorienta la investigación.