La oportunidad, esa polémica

La resolución de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia que favorece al gobernador electo José Manuel de la Sota desatará varias polémicas. No sólo por el carácter institucional de los jueces y de las partes involucradas en el pleito tribunalicio. El fallo también siembra polémicas por sus características y por los fundamentos; pero, sobre todo, por la oportunidad en la que se oficializa, a escasos días del regreso al poder del principal beneficiado.Lejos de cualquier sospecha, la polémica comienza por los protagonistas: la cabeza del Poder Judicial provincial; el propio De la Sota, a horas de asumir la Gobernación; y el médico Carlos Altamirano, referente de la Unión de Trabajadores de la Salud (por estas horas en plena negociación salarial, luego de un largo enfrentamiento con el Gobierno).De los tres jueces que conforman la Sala Civil y Comercial del TSJ autora del fallo, dos (Armando Andruet y Carlos García Allocco) fueron propuestos para los cargos que ocupan por el propio De la Sota, cuando éste era gobernador, y luego confirmados por la Legislatura provincial. Aunque en el caso de García Allocco con parte de la oposición en contra porque la esposa había ocupado cargos electivos por el Partido Justicialista.Para la polémica tribunalicia, la resolución cuestiona con una especial dureza el fallo de la Cámara Civil y Comercial que había confirmado la condena aplicada a De la Sota en primera instancia. Y el fundamento, señalan algunos abogados consultados por este diario, también tiene ribetes polémicos a pesar de citar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que reconoce que en los debates mediáticos las personalidades públicas están sometidas a críticas que hasta pueden lesionar su honor, sin que esto pueda terminar sí o sí en una condena.Pero todas estas consideraciones parecen menores cuando se analiza el criterio de la oportunidad. En el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba no son pocos los magistrados que actúan convencidos –y lo recomiendan a sus subalternos– de que el ejercicio de la judicatura (esto es la resolución de casos controversiales) debe tener en cuenta la "oportunidad temporal" para ser más "justa"; más aún si el caso en cuestión involucra a personajes relacionados con el poder político.No son pocos los fiscales de Instrucción que admiten que hay una suerte de acordada no escrita que establece que en épocas preelectorales no se deben resolver casos que involucren a funcionarios o ex funcionarios de partidos que participan en la contienda. Se supone que el criterio tiene que ver con la pretendida necesidad de no influir en la opinión pública para perjudicar o beneficiar a los políticos.Pero en épocas en que la política y los políticos viven en campaña permanente, el criterio se desdibuja y puede poner en riesgo la imparcialidad. El caso del ex vocero de De la Sota, Marcelo Falo, es uno de los ejemplos. Dos funcionarios del Ministerio Público fiscal esperaron que pasara la elección provincial para archivar dos de los expedientes en los que Falo estaba siendo investigado por el escándalo de los cheques sin fondos.Otro ejemplo: en una fiscalía cordobesa hay una causa que desde hace varios meses está "prácticamente lista", según confió un funcionario judicial sin informar con qué resultado; pero como tiene como principal investigado al senador nacional y ex candidato a gobernador a Luis Juez, no avanzó. Tercer ejemplo: desde hace varios años, el TSJ tiene a estudio el juicio por la expropiación del Palacio Ferreyra.¿Qué llevó a los jueces a dejar de lado el criterio de la oportunidad a la hora de oficializar este fallo tan significativo política e institucionalmente? No se sabe. Sí se sabe que en pocos días más, cuando De la Sota asuma el que será su tercer mandato como gobernador, tendrá un problema menos de qué preocuparse.