Una obligación devenida en voluntad

La escena no es original. La pelea por los números que hoy mantienen Juan Schiaretti y Cristina Fernández es idéntica a la que el mes pasado protagonizaron la Presidenta y el gobernador santafesino, Hermes Binner, luego de que ella le espetara en un acto que Santa Fe había recibido en 2003 apenas 1.700 millones de pesos de coparticipación, mientras que en 2010 los envíos fueron de 10 mil millones. Binner –tal como hizo Schiaretti el miércoles pasado– tragó saliva. Pero al día siguiente le respondió que se trataba de "una verdad a medias": que hoy las provincias reciben ocho puntos porcentuales menos de coparticipación que en 2003 y que en el mismo período –cuando crecieron la economía, la inflación y la presión fiscal– los ingresos de la Nación pasaron de 72 mil millones de pesos a 409 mil millones de pesos. Otra coincidencia: Córdoba y Santa Fe son las dos provincias que más ingresos ceden por las retenciones a las exportaciones cerealeras. Los productores de ambas jurisdicciones giran a la Nación cerca de 14 mil millones de pesos al año y lo que les devuelve el promocionado "fondo sojero" a los dos estados provinciales es menos del 10 por ciento de esa cifra.En Córdoba, las diferencias entre lo mucho que Cristina "facturó" el miércoles desde el escenario de la Plaza de la Intendencia –y más tarde por Twitter– y lo que Schiaretti recibió, son mucho más abismales que en Santa Fe, porque las cifras de la benevolencia nacional incluyeron desde el crédito concedido a la empresa Fiat a los haberes de cada uno de los más de 600 mil jubilados nacionales, además de la coparticipación. Si la superabundancia de recursos cedidos a las provincias tuviera la dimensión que le da la Presidenta, es difícil de entender que ambas provincias estén endeudándose para hacer obras. Si el federalismo estuviera tan vigente, no se comprende que sea la Nación la que se arrogue el derecho de disponer –en cada una de las jurisdicciones– cuáles son las grandes obras de infraestructura que se hacen, quién las ejecuta, cuánto se paga por ellas y quiénes serán los invitados (o los silbados) en cada inauguración. Algo no cierra en lo que respecta a números. Menos aún si se considera que esas cifras –que cuantifican las obligaciones básicas del Estado nacional, establecidas casi siempre por ley– se presentan lisa y llanamente como prueba de voluntad política.