En las narices de todos

La convocatoria y posterior suspensión de un paro por parte de Hugo Moyano contra la divulgación de un exhorto de la Justicia suiza hizo que varios legisladores de la oposición pidieran informes en el Congreso para reclamar al Gobierno que explicara qué había "negociado" con el sindicalista para lograr que levantara la huelga. Es una ingenuidad llamativa. Parece que a ciertos legisladores les resultara más fácil creer en las cosas incomprobables que ver las que tienen delante de las narices. Moyano y el gobierno kirchnerista tienen una alianza que pasa hoy por lo electoral en el anverso, pero en cuyo reverso hay una ya antigua sociedad económica.La centralidad actual de Moyano es inescindible del manejo de los recursos públicos que hace el Gobierno; en concreto, de buena parte de los voluminosos subsidios estatales, que van destinados al transporte y a la energía. En total, son para este año 33.500 millones de pesos. Una porción muy importante beneficia a los usuarios del transporte (en muchísima mayor medida a los del área metropolitana de Buenos Aires), a las empresas del sector y, en particular, a Moyano.No es casual que todos los sindicatos del transporte respondan al unísono al cegetista. Actúan con un comando único, porque su posición económica es la misma: todos tienen mucha más espalda que cualquier otro gremio para reclamar mejoras, dado que sus patrones, cuando no es directamente el Estado (Aerolíneas Argentinas, por ejemplo), pueden aflojar con facilidad en cualquier negociación. Total, el que pagará la boleta será el Estado, vía subsidios al colectivo y al combustible. También se engrosan automáticamente las arcas del gremio, que surgen de un porcentaje de la masa salarial.Si alguna vez hay que desmontar esos subsidios por razones fiscales, allí estará Moyano para oponerse, a no dudarlo.El de Moyano no es el único sector con el que el Gobierno mantiene este comercio legal, que cimenta sociedades políticas con la contundencia del dinero y que es aprobado cada año –excepto en 2011– por el Congreso.Tal vez a los legisladores cordobeses este otro ejemplo calentito les pueda interesar: anteayer, por una mera decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete, Aysa –sociedad anónima de propiedad nacional administrada por el gremio sanitario que reemplazó a Aguas Argentinas y presta el servicio de agua en Capital Federal y Gran Buenos Aires– se hizo acreedora a un aporte extra del Gobierno nacional de nada menos que 564 millones de pesos. Ya tenía asignados 1.845 millones, que ahora se transformarán en 2.409 millones, a los que hay que sumar lo que Aysa cobra a sus usuarios. Para darse una idea del despropósito: Aguas Cordobesas facturó, en todo 2010, 180 millones de pesos. El subsidio que la Nación le va a dar este año a Aysa es casi 13 veces mayor. Eso explica que la Nación pueda seguir postergando subas de tarifas en el distrito que elige a los presidentes, mientras en el resto del país no hay más remedio que pagar tarifas cada vez más altas que las porteñas y afrontar, además, los impuestos con que se alimenta al poder en el Gobierno.